Queda claro que el 6 de junio día de las elecciones, cada agrupación política que disputa la Presidencia de la República en la segunda vuelta ha organizado sus personeros, para vigilar la votación y el escrutinio, pero también para que se respete escrupulosamente el voto ciudadano expresado en las ánforas.
Terminado el acto electoral, todos estamos llamados a respetar la decisión democrática de la población, cuya decisión soberana, le otorgará a uno de los candidatos en contienda la alta responsabilidad de conducir los destinos del país, en circunstancias sumamente complicadas por la grave crisis sanitaria que ha cobrado la vida de más de 170 mil peruanos, y el clima de incertidumbre e inestabilidad que vive el país en los últimos meses.
Por estas circunstancias, a partir del 7 de junio, es una tarea imperativa de todas las organizaciones representativas de la sociedad civil, impulsar procesos de vigilancia ciudadana, levantar la voz, fortalecer su actoría social y la gobernabilidad democrática para frenar cualquier atisbo de autoritarismo y visiones fatalistas que quieran llevar al país a un proceso aventurero de confrontaciones interminables.
En el Año del Bicentenario, lo peor que le puede pasar al país, es ingresar a un irresponsable y antidemocrático proceso de confrontación y violencia política, que puede ser azuzada por grupos interesados tanto de la derecha conservadora, como también por grupos radicalizados que le hacen el juego a posiciones violentistas trasnochadas.
Es evidente que luego, del proceso electoral, los 32 millones de peruanos, exigiremos que el nuevo presidente de la república que asumirá funciones el 28 de julio, tiene que dar respuestas concretas a la agenda inmediata: Mejorar la organización y terminar de vacunar a todos los peruanos para garantizar su derechos a la salud y a la vida. Y en segundo lugar iniciar el proceso de reconstrucción de la economía familiar tan golpeada por la emergencia sanitaria y por la ineficacia de los gobernantes de las últimas décadas.
Sin duda algunas las 2 tareas urgentes, exigen poner el estado al servicio de la gente, para trabajar junto a la población resolviendo los problemas sentidos. Esta claro que ya no necesitamos un estado burocrático y de espaldas a las reales necesidades de la población. La realidad ahora exige un estado solidario y al mismo tiempo moderno que use la ciencia, la tecnología, los sistemas de información, pero también las políticas públicas y los recursos financieros para ponerlo al servicio del desarrollo inclusivo, que priorice la atención de los más humildes y vulnerables.
Hoy, en el año del Bicentenario, con las organizaciones representativas de la sociedad civil, es el momento de impulsar un amplio proceso de vigilancia ciudadana para frenar los intentos autoritarios y fortalecer la gobernabilidad democrática; pero también para construir y consensuar una agenda común inclusiva, que responda a los verdaderos intereses de la población, a los verdaderos ejes de desarrollo democráticos y transformadores. Y no a las aventuras retrógradas que destruyen la gobernabilidad y los sueños de todos los peruanos.
