El doctor Walter Agustín Jiménez Bacilio, juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Áncash (CSJAN), dictó siete meses de prisión preventiva en contra de Diomer Combersión Leonardo Mercedes (alcalde de San Cristóbal de Raján) y Alex Eloy Celestino Rojas, investigados por la presunta comisión del delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Peculado Doloso Agravado, en agravio de la Municipalidad Distrital de San Cristóbal de Raján (Ocros, Áncash).
El magistrado impuso la referida medida cautelar de carácter coercitivo, personal y provisional luego de escuchar y evaluar los fundamentos del Ministerio Público, así como los de la defensa técnica de los imputados, teniendo en cuenta la concurrencia de los tres presupuestos señalados en el artículo 268° del Código Procesal Penal (CPP) y lo previsto en la Casación N° 626-2013-Moquegua, referida a la proporcionalidad de la medida y el plazo de la prisión preventiva.
Se le atribuye a la autoridad edil investigada haberse apropiado, el 1 de abril de este año, de cierta cantidad de bienes de ayuda otorgados por el Instituto Nacional de Defensa Civil a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), cuyos destinatarios eran los pobladores del distrito de San Cristóbal de Raján que resultaron damnificados por el fenómeno «El Niño costero».
El imputado se habría hecho de 99 kits de raciones frías de alimentos, cinco cajas de aceite de soya de 24 botellas cada una, 10 colchones de espuma, 11 colchas polares, dos contenedores grandes de agua, 50 planchas de calamina, cuatro lampas, dos barretas, dos machetes y una carretilla, donaciones que las habría depositado en una cochera ubicada en el Malecón Norte del río Quillcay (Independencia, Huaraz), lugar donde las autoridades las hallaron.
De otro lado, el investigado Alex Eloy Celestino Rojas, junto a sus hermanas Melia Ricardina y Medalit Felipa – según las pesquisas – habría ayudado al alcalde en la consumación del acto delictivo.
La resolución judicial dispone la ubicación y captura de los imputados para ser internados en el Establecimiento Penitenciario de Huaraz.
