La seguridad de los clientes y usuarios que acuden a los diversos establecimientos comerciales y públicos están en riesgo en vista de que muchos de ellos tienen certificaciones de saneamiento extendidas por empresas de dudosa calidad e incluso no autorizadas para el efecto, como recientemente advirtieron los programas el Informativo de Cable Andino y Canal 13 Primera Edición.
Cable Andino por ejemplo demostró cómo es que en la empresa RAGGEX ofrecía conformidad sin la verificación correspondiente lo que dio lugar a la intervención correspondiente de parte de las entidades como la DIRESA y el Ministerio Público.
En el DS 022 emitido durante el año 2001 se establecieron parámetros para que las viviendas comerciales y establecimientos de servicios públicos tengan verificaciones de saneamiento e instalación de extintores a través de entidades acreditadas, pero muchas de éstas en Huaraz están al margen de la Ley.
En la DIRESA se informó que a raíz de las denuncias periodísticas se está procediendo a la fiscalización de las mismas, como la empresa claramente infractora, señalándose que la constancia que expidió lo hizo cuando ya estaba sin autorización y recién había iniciado los trámites de renovación. “Nosotros vamos a ser inflexibles en este asunto” aseguró Miriam Vera, funcionaria del área de Saneamiento.
Por su parte el fiscal de prevención del delito Carlos Rodríguez Martínez recordó que si las empresas operan al margen de la ley están en el delito de Falsedad genérica. “La empresa que ha hecho certificación sin verificación por ejemplo debe ser sancionada, porque el acto es grave” informó.
Primera Edición pudo comprobar que empresas importantes como Nova Plaza, Oltursa y otras, tienen certificados de empresas que están observadas, probablemente sus conductores no conocen seguramente que las “certificadoras” no están cumpliendo la Ley, pero por eso es imperativo sancionar contra quienes trafican con la seguridad y la salud pública de todos.
Producidas las denuncias el Ministerio Público informó que de inmediato se implementarían los operativos, sin embargo ya han pasado varios días de las denuncias públicas, pero estas acciones aún no se han producido.
Los Colegios Profesionales también deben ahora chequear cuántos de sus integrantes que están inmersos en estas denuncias deben ser sometidos al Código de Ética y sancionarlos de acuerdo a sus estatutos.
