Es evidente que el audio presentado por el consejero regional Edwin Ipanaqué revela que intereses subalternos gobiernan la región Ancash, el interés del toma y daca que propició la elección de Gamarra como gobernador interino.
Es común escuchar en los pasillos de las reparticiones públicas regionales que los cargos de confianza tienen un precio y las imposiciones andan a la orden del día a través de “los terceros”, que en el caso de la denuncia –en manos del Ministerio Público- apuntan a una ligazón con el gerente general Nicolás Molina Sánchez, como lo insinúa claramente lo dicho por el renunciado ex director Regional de Transportes y Comunicaciones Roger Celmi.
Hay que tener en cuenta que también esos “terceros” produjeron la renuncia del subgerente de la subregión Pacífico, el del director actual del hospital de Huaraz que luego tuvo que volver por la presión de los trabajadores o del ex director de la Red Huaylas Sur, César Vivar Miranda.
Vivar, en una conversación con este columnista, reveló que gente allegada al gerente general le pretendía presionar que el jefe de Administración como de Logística sea nombrado “desde arriba” lo que produjo su inmediata dimisión. Es que un profesional que se respeta no puede de ninguna manera someterse a que en un cargo que le confían supuestamente reine pero no gobierne. Claro que para los que practican el clientelismo político eso es normal, pero no para quienes realmente quieren hacer una gestión eficiente y eficaz.
Las presiones, imposiciones y presuntos cobros de cupos están a la orden del día, basta ver cómo es que cada día las diferentes direcciones regionales estar superpoblados de nuevos trabajadores sin que las áreas de control interno sean capaces de reportar esas graves infracciones a la Contraloría, porque se supone que para pagar esos favores se tienen que malversar fondos del Estado. Se supone más bien que el propio gobernador regional y el gerente general –éste último la autoridad administrativa- debe velar por cautelar los intereses regionales y no dilipendiarlos.
Como para curarse en salud tanto Molina como el gobernador Gamarra hicieron una aparición mediática en la Fiscalía para presuntamente exigir investigación a fondo, que debe darse sí, aunque por allí se sabe que habrían conminado a Roger Celmi a acogerse al silencio en las diligencias de la Fiscalía.
Sin embargo el conocido jurista Paolo Aldea, asesor legal de Ipanaqué, ha señalado que estamos frente a un caso que merece una especial investigación del Ministerio Público, que incluso recurra a un equipo especializado de vigilancia e inteligencia. Por eso desde aquí saludamos que el titular del Ministerio Público, Jorge Temple, haya encargado especialmente efectuar las investigaciones al propio coordinador de las Fiscalías Anticorrupción a practicar las diligencias colegiadas, que esperamos no demore tanto ni se prolongue, por la salud de la región y por la transparencia que reclaman todos los ciudadanos.