En una prolongada sesión y donde menudearon intervenciones estériles y repetitivas de presuntas advertencias legales finalmente los consejeros regionales decidieron por mayoría postergar la sesión para la vacancia del gobernador Waldo Ríos Salcedo. Esta vez se corrió la fecha para el 31 de agosto a las 9 a.m.
El consejero delegado inició la sesión dando cuenta de los documentos que llegaron a despacho, entre los que figuraban un recurso firmado por Waldo Ríos y su abogado Nelson Moreira y otro del gobernador Waldo Ríos, ambos con distintas firmas y que motivaron las suspicacias entre sus integrantes.
En el primer documento presuntamente se advertía de la ilegalidad que cometerían los consejeros regionales si trataran la vacancia alegando que aún estaba pendiente un recurso de revisión.
En el segundo, en cambio, Ríos advierte que “se informó por medios radiales que se trataría su vacancia y que habría un recurso de un abogado que él no autorizaba”.
El consejero delegado Pedro Izquierdo, dijo que no le correspondía dirimir a él la legalidad de los documentos por la presunción constitucional de la verdad y que en todo caso posteriormente podría ser aclarado por el Ministerio Público.
Pero lo que sí se advirtió fue que el plazo de notificación para el debido proceso no se cumplió en vista de que Ríos recién fue notificado el 21 de los corrientes y ayer aún no había cumplido el plazo. Por lo que se motivó toda una discusión, que parecía interminable, para luego al promediar las doce y media de la tarde el consejero Maín Solano solicitara un cuarto de intermedio. Luego de este intervalo que se hizo muy prolongado, los consejeros comunicaron el acuerdo de postergar la sesión de vacancia para el 31 de agosto.
Rechazan forma de acuerdo
Esta forma de acuerdo –no público- mereció el rechazo de Amador Garay, ex consejero –uno de los solicitantes de la vacancia- al advertir que no es el procedimiento más adecuado un acuerdo a puertas cerradas, igualmente el consejero Hermenegildo Morillo sentó en acta su observación de que la forma en que se produjo el consenso no está en arreglo a Ley.
Por su parte el consejero por Recuay Hugo Bojórquez deploró lo sucedido y dijo que no se trataba sino de una maniobra dilatoria con la finalidad de proteger la permanencia de Luis Gamarra en la gobernación regional además de esperar de manera grosera los resultados del recurso de casación de Enrique Vargas, cuya admisibilidad fue abordada ayer por la Corte Suprema.