Sociedad civil convoca paro preventivo para el 13 de junio

Los representantes de la sociedad civil se auto convocaron en una reunión de emergencia a fin de mostrar su preocupación por la actual situación que vive el Gobierno Regional de Ancash, especialmente por la falta de obras para la ciudad de Huaraz, capital de Ancash.

Luego de un amplio debate se acordó un paro preventivo y movilización para el 13 de junio contra el gobierno regional de Ancash, la Municipalidad de Huaraz, Ministerio Público y Poder Judicial. Los gremios participantes se comprometieron a participar activamente.

Igualmente los participantes pidieron investigar a la mayoría de los consejeros regionales que estarían ostentando signos de riqueza pese a que sólo tienen como ingresos sus dietas y sueldos en algunos casos.

Esta autoconvocatoria se realizó debido a que el Fedip atraviesa por una crisis institucional donde hasta dos personajes se reclaman presidentes y el comité electoral hasta ahora no viabiliza una elección formal y representativa.

Respaldan a juez

Otro acuerdo sustantivo fue respaldar al juez Richard Concepción Carhuancho, quien hace poco visitó la ciudad de Huaraz, y tiene en sus manos los casos emblemáticos de los ex presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala; así como cuando desempeñó el cargo en el Santa vio los casos de la Centralita y otros que involucran al ex presidente regional César Alvarez Aguilar.

Plantón ante JNE

Los gremios participantes también anunciaron la realización de un plantón ante el Jurado Nacional de Elecciones para exigir su pronunciamiento definitivo en torno a la vacancia de Enrique Vargas.  Llama la atención que pese a que el Poder Judicial y el propio consejo regional comunicaron la resolución judicial de última instancia de la ex autoridad regional en prisión, hasta el momento no haya pronunciamiento alguno; en cambio sí recientemente con una simple comunicación del PJ el órgano electoral vacó a los consejeros por Sihuas y Carhuaz.

Igualmente cuestionaron a la mayoría de los consejeros por haber procedido a una presunta ratificación del gobernador encargado, sin tener competencia para ello o por lo menos el encargo del Jurado Nacional de Elecciones.