Luego de los hechos de violencia en Sihuas y donde la mayor parte del ataque sufrió la Fiscalía Provincial de Sihuas, donde la totalidad de expedientes obrantes fueron quemados por la turba ronderil, el comité de crisis reunido ayer en Huaraz decidieron suspender las acciones de administración de justicia en la referida provincia hasta que se garantice el retorno de la tranquilidad.
Participaron en el comité el prefecto regional, Alex Cordero; el jefe de la región policial, Felipe Eslava; la jefe de la oficina Defensorial, Rina Rodriguez Luján; el representante de los ronderos, Eyner Romero Estrada; y los representantes del Poder Judicial de Ancash como del Ministerio Público y los propios magistrados emplazados por los manifestantes.
Acuerdos:
Se resumen en lo siguiente:
- Garantizar la seguridad en Sihuas para lo cual el jefe de la región policial garantiza que el personal permanecerá en la zona en tanto se restablezca el orden y el servicio de justicia, habiéndose desplegado personal necesario
- Suspender el servicio de la administración de justicia en tanto se restablezca el orden interno en Sihuas para lo cual tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial de Áncash deberán evaluar las medidas complementarias referidas a la seguridad de los señores magistrados personal administrativo y de seguridad, así como de los plazos procesales la recomposición de los expedientes siniestrados e implementación de los equipos informáticos y otros enseres afectados
- El representante del Ministerio Público presente coordinará con la encargada de la presidencia de la Junta de Fiscales para la designación de un fiscal ad hoc para responsable de las investigaciones por los hechos ocurridos, considerando que los señores fiscales de Sihuas no se encuentran en la zona por medida de seguridad cuya designación será informada al coronel Eslava para las coordinaciones correspondientes
- El lunes 23 de julio los representantes de las sedes del Ministerio Público como del Poder Judicial determinarán la conformación de sus equipos evaluadores de daños y se trasladarán a la provincia de Sihuas para participar en una visita conjunta con la finalidad de recoger información de daños sufridos y tomar las decisiones correspondientes.
Se prevé también que en las próximas horas el Ministerio Público estará designando un fiscal ad hoc, que no labora en la zona, con la finalidad de establecer responsabilidades por los actos de violencia que se produjeron.
Establecerán responsabilidades
Las autoridades participantes también lamentaron que la solicitud de garantías, hecha por el señor Manuel Mendoza Ramos, aseguraba que la marcha iba a ser pacífica y lamentablemente devino en violenta; e incluso la jefe de la Oficina Defensorial refirió que se le había notificado que previamente se hagan las quejas correspondientes, por el presunto retardo en la administración de Justicia, a las autoridades correspondientes.
Los magistrados de la provincia de Sihuas, allí presentes como el fiscal Moisés Pereyra, refirió que el caso lo conoció recién el 7 años y las investigaciones estaban dentro de los plazos establecidos.
Mientras tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, dieron cuenta que no hubo queja previa alguna contra el actuar de los magistrados.
Pérdida de expedientes
Las primeras estimaciones dan cuenta que serían casi cinco mil los expedientes que habrían sido siniestrados, muchos de los cuales tienen que ver con procesos por pensión alimentaria y violencia familiar, como por actos de corrupción.
En la provincia de Sihuas, las estadísticas dan cuenta que la mayor parte de las denuncias están referidas a violencia familiar.
