Ordenan impedimento de salida para el alcalde de Nuevo Chimbote

El Poder Judicial a través de su Sexto Juzgado Anticorrupción de la Corte de Justicia del Santa, ordenó el impedimento de salida del país contra el alcalde del distrito de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, en el marco de las investigaciones que se le sigue por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.

La disposición fue dictada por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz esta mañana en una audiencia pública. El mismo determinó que el impedimento de salida durará por un lapso de doce meses, aunque la fiscalía solicitó un plazo más extenso, equivalente a 18 meses.

La medida alcanza también al padre del burgomaestre, Valentín Salomón Fernández Neira (73), su madre Nury Soledad Bazán de Fernández (69) y las hermanas Nury Elizabeth (44) y Luz Marina Graciela Fernández Bazán (46), así como para los empresarios Frank Tailor Jiménez Esquivel (47) y Luis Federico Vásquez Wong (49); todos ellos investigados en el caso.

La resolución judicial notificada a las partes esta mañana establece que la medida sea puesta a conocimiento de la Policía Judicial, así como a la Superintendencia Nacional de Migraciones para los fines correspondientes.

No apelarán

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el burgomaestre y los coprocesados actuaron de manera concertada para obtener de manera ilícita recursos del Estado. La adquisición de los inmuebles no estaría justificada, habiendo un desbalance patrimonial en los investigados, según citaron..

Por su parte, la defensa de Valentín Fernández, el abogado Takeshi Vásquez, anunció que no apelaría la decisión del juzgado y refirieron que se allanaban al pedido del Ministerio Público; sin embargo negó las acusaciones en contra de su patrocinado asegurando que no existe tal desbalance patrimonial.

La fiscalía permanece a la espera del informe de la pericia contable financiera de los ingresos de los imputados, así como el reporte de la pericia de ingeniería civil de los inmuebles, y de más información de los países donde -según la acusación- habrían realizado algunos negocios y de una empresa off short que fue creada en Panamá.