El gobernador regional Luis Gamarra Alor lamentó las expresiones efectuadas por el congresista Carlos Domínguez Herrera, quien en la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Agraria, cuestionó duramente su ausencia, enfatizando que su persona se burla del Congreso y de la Ley promulgada en beneficio del Proyecto Especial Chinecas.
La máxima autoridad regional explicó que su ausencia a la cita de la Comisión Agraria se debió a las actividades programadas por su despacho con anticipación, además por habérsele notificado recién el 15 del corriente (un día antes de la reunión), por lo que envió su dispensa solicitando se reprograme otra fecha y se le notifique en un plazo razonable que sea concordante con el Reglamento del Congreso.
“No voy a caer en sus bajezas, pese al modo despectivo que tuvo hacia mi persona al referirse como: ‘este gobernador’. Considero que todos merecemos respeto”, enfatizó Gamarra Alor.
El desconocimiento de Domínguez
El gobernador aclaró que Domínguez denota desconocimiento al señalar que su persona aprobó la ordenanza que declara inaplicable la Ley 30725, lo cual es inexacto, en vista que fue el Consejo Regional quien lo aprobó.
“El congresista Domínguez afirmó que mi persona hace caso omiso y que me burlo de la Ley 30725 aprobada. Al respecto debo aclarar que la no implementación de la Ley 30725, que modifica el artículo 2 de la Ley 29446, responde a que el gerente general de Chinecas, Edilberto Ñique, nos comunicó que conforme a la nueva estructura del Consejo Directivo, aún no se ha podido instalar”, subrayó.
El gobernador informó también que las municipalidades provinciales del Santa y Casma, así como los representantes de la Junta de Usuarios de Agua del ámbito geográfico de Chinecas, aún no han nombrado a sus representantes, pese a que se ha oficiado oportunamente sobre la norma que modifica el directorio de Chinecas”, agregó.
Finalmente, Gamarra señaló que las declaraciones del congresista Domínguez no son más que una falacia, una mentira, y que por ello solicitará un desagravio por haber actuado contra los principios del respeto, tolerancia y las buenas costumbres, conforme está previsto en el Código de Ética parlamentaria.