Mediante Resolución N° 04-2019, la jueza de la provincia de Asunción, Iris Melo Toro declaró FUNDADA la solicitud de cautelar intra proceso solicitada por los representantes de la empresa Toma la Mano, que opera en Quebrada Honda, motivando reacciones en contra de parte de los representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas como del Parque Nacional Huascarán.
La medida interpuesta por Falcón Silva Leoncio Arquímedes y Mauricio Tafur Víctor José derivó a que la resolución judicial ordene a las entidades demandadas Ministerio de Energía y Minas, Dirección de Concesiones Mineras del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET y la Dirección Regional de Energía y Minas, la suspensión provisional sobre los efectos de la declaración de caducidad de las concesiones mineras Toma la Mano y Minera Toma la Mano 2, de propiedad de Corporación Minera Toma la Mano S.A.
La magistrada, en la parte resolutiva de su disposición infiere que la Resolución 279-2018 y 280-2018 MEM/CM denomine «Resoluciones de Caducidad» o «los actos lesivos».
De esta manera dispone «abstenerse de manera provisional de impedir, obstruir y/o perjudicar la conducción administrativa de las indicadas concesiones mineras, en consecuencia, consentida y/o ejecutoriada que se la presente resolución. ARCHIVESE el cuaderno cautelar en el modo y forma de Ley»
Reacciones
Enterados del asunto en el Parque Nacional Huascarán, el asesor legal Johny Bedón cuestionó la medida otorgada por la jueza, aclarando que no están en contra de las actividades económicas y extractivas, pero sí cuando atentan contra los recursos y cuando estén ubicadas en el área nacional protegida como es el presente caso.
«Vamos a hacer una revisión minuciosa de la resolución, pero hay que recordar que toda norma administrativa tiene elementos necesarios y jurídicos que los magistrados están en la obligación de respetar» manifestó.
Por su parte el director regional de Energía y Minas, Rómulo Paredes Copa, también mostró su sorpresa y su malestar por este amparo y que la resolución ya ha sido derivada a la procuraduría regional para la interposición de los recursos.
En otro momento informó que la propia Comunidad de Vicos le ha expresado que no permitirán más minería ilegal en su entorno por lo que se espera que las resoluciones administrativas emitidas anteriormente queden firmes.
