Por segunda vez, en asuntos de seguridad ciudadana, Huaraz se ha visto remecida con el crimen al fiscal provincial Jimmy Barboza Pinedo, ocurrido nada menos que en el sector más quemante de la ciudad: El Barranquito.
Ya en mayo de 2017 cuando ocurrió otro crimen contra el estudiante universitario Alhy Collas, la indignación ciudadana estuvo en su pico más alto y las autoridades municipales, de entonces, se pusieron agilitos en revisar las autorizaciones sobre el funcionamiento de los centros de diversión nocturna que operan por la zona.
Por esos días se volvió a exigir que el Plan Calabaza que fuera instituido durante la gestión del ex alcalde Vladimir Meza vuelva a regir; pero como estamos en una ciudad donde las autoridades de turno operan con mezquindad y tratan siempre de regatear méritos a sus antecesores, el asunto fue quedándose por allí.
El motivo: los conductores de establecimientos suelen hacer «chanchitas» para coimear a los funcionarios municipales y entonces hay soplo cuando se realizan los famosos operativos municipales. Durante la gestión Espinoza Cerrón, el desorden cundió y por lo tanto en este tema nada se hizo.
Mautino también, con el lema de «escobita nueva barre bien» inició con bríos las inspecciones nocturnas y de madrugada, cerrando y clausurando locales. Pero días después se descubrió que muchos de ellos fueron simples saludos a la bandera, como ya en su momento advirtió el fiscal de Prevención del Delito, instando a las autoridades municipales a obrar con resolución y principio de autoridad, e incluso les exigió actualizar sus ordenanzas municipales. Pero hasta ahora, «no se oye, padre».
Recién el sábado, después de la reconstrucción, el burgomaestre provincial Rori Mautino se animó con cerrar dos discotecas, y anunció para hoy la evaluación del retorno del Plan Calabaza entre otras medidas que buscan proteger al ciudadano.
Limitar que los establecimientos nocturnos funcionen hasta las 3 de la madrugada, no es atentar contra principios constitucionales, es simplemente poner orden en una ciudad que carece de ello y se ha mal acostumbrado de ver como El Barranquito, finalmente es una cantina pública, porque el licor se consume incluso en sus calles hasta bien entrada el nuevo día y los transeúntes tienen que exponerse diariamente al peligro de ser atacados por hordas de ebrios y drogadictos.
El asunto es de tratamiento integral. No puede limitarse únicamente a una tarea municipal. Educación, Salud, los medios de comunicación, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que auparse a un trabajo de coordinación que debiera liderar la autoridad municipal para trabajar no solo en la parte disuasiva sino implementar políticas comunicacionales de cambios de comportamiento que son precisamente frutos de planes estratégicos de comunicación, que en este tema no vemos. Cada quien funciona como una isla.
Y volviendo específicamente al crimen ocurrido el viernes, toca también fibras al propio Ministerio Público, porque no ha quedado claro ni ha habido explicación preliminar alguna, qué hacían dos fiscales por esas zonas donde funcionan antros de dudosa reputación: ¿Estaban de comisión de servicio? ¿Pasaban acccidentalmente por allí? ¿No tenían que entrar a trabajar ese día a las 8 de la mañana? ¿Cuál fue el móvil que produjo el ataque del desalmado joven al fiscal para terminar con su vida? Son interrogantes, que bajo el pretexto de la reserva de la investigación o el duelo no pueden pasar por desapercibidos.
Ante la inseguridad ciudadana y el desorden, solo cabe invocar que las autoridades cumplan sus funciones y no sigan con la perniciosa omisión de sus funciones, que siempre hemos criticado aquí.