Finalmente el Poder Judicial terminó formalizando ayer su pedido para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la congresista ancashina Yesenia Ponce Villarreal.
Como ya es de dominio público, desde hace mucho tiempo el fiscal Renato Arapa pidió al Poder Judicial tramitar el levantamiento de que el Congreso de la República en vista de que hay suficientes elementos de juicio que permiten procesar a la legisladora por los delitos de falsedad genérica y falsa declaración en proceso administrativo cuando postuló para el cargo de parlamentaria.
Por esta acusaciones, el pleno del Congreso aprobó, en agosto del año pasado, sancionarla con la suspensión en el ejercicio de su cargo por 120 días. Los hechos que fueron materia de la investigación en la Comisión de Ética son los de presuntamente haber pagado 10 mil soles para conseguir certificados de estudios falsos y porque al sustentar su defensa habría consignado profesores y alumnos “fantasmas”.
El trámite
Hay que señalar que esta es la segunda vez que el Poder Judicial presenta la solicitud para que la legisladora pierda la inmunidad. El primer escrito fue alcanzado en octubre, pero se hicieron observaciones de forma al expediente, por lo que fue devuelto a la entidad judicial.
El PJ ha dirigido la solicitud al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien deberá elevar el documento a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Justamente, unas cuantas horas después de conocida la noticia, la congresista Luciana León, presidente de este grupo parlamentario, anunció que el próximo miércoles 5 de junio esta comisión sesionará con la finalidad de evaluar el requerimiento judicial contra Ponce.
Luego que esta comisión acepte el pedido, será llevado el pleno del Congreso, en donde también será debatido, y tendrá que ser aprobado por la mayoría.
De cumplirse con los requerimientos formales Ponce afrontará un juicio oral por los delitos antes mencionados en el Juzgado de Huaraz
Jurisprudencia
Se debe recordar que sobre este tipo de casos ya hay jurisprudencia, cuando el ex gobernador Enrique Vargas Barrenechea fue condenado a cinco años de prisión, por haber presentado documentos falsos en su hoja de vida.