El obispo de la Diócesis de Chimbote, Ángel Francisco Simón Piorno y la representante de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Chimbote, Roslin Villanueva cuestionaron al Poder Judicial del Perú y al INPE por la liberación irregular de Rubén Moreno Olivo, conocido como ‘Goro’, sindicado de ser el brazo armado de la organización criminal de César Alvarez, ex gobernador regional de Ancash.
“Es un desprestigio muy grande para el Poder Judicial. Espero que esto sea un llamado de atención para las autoridades que administran justicia”, enfatizó el representante de la iglesia católica.
Monseñor Simón Piorno exigió la captura inmediata de este procesado, quien se mantiene en la clandestinidad desde el pasado 13 de junio.
“(…) Espero que lo recapturen porque es un personaje sumamente peligroso. La responsabilidad que ha tenido ‘Goro’ en tantas muertes en Chimbote no lo podemos soslayar y olvidar fácilmente. Todo el mundo lo sindicaba como el jefe del sicariato que actuaba en Chimbote, todos los crímenes que ocurrieron conducen a él”, declaró el representante de la iglesia católica.
Moreno salió de manera ilegal del penal Piedras Gordas luego de que el INPE ejecutara el mandato de arresto domiciliario por el plazo de 18 meses, sin tener en cuenta que este sujeto tenía una condena de 25 años de cárcel por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por el primer atentado contra el ex consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco.
Pronunciamiento de la Defensoría
En tanto, la jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Chimbote, Roslin Villanueva Ramírez, consideró que la excarcelación indebida de Moreno Olivo trae consigo un riesgo inminente en cuanto a la seguridad de las víctimas, testigos y de todos los operadores que han estado inmersos en la primera sentencia y las dos investigaciones que están en curso por el homicidio de Ezequiel Nolasco e Hilda Saldarriaga.
“Nuestra institución ha exigido que se pueda garantizar las medidas de protección no solo a Fiorela Nolasco, sino a todas las víctimas respecto a los casos que se investigan, y se haga extensiva a los magistrados, policías y procurador”, sostuvo Villanueva.
“Es preocupante esta excarcelación por las consecuencias que esto involucra, podemos hablar de una negligencia y falta gravísima. Llama la atención que en un caso tan sonado no se haya tenido la debida diligencia para garantizar que la condena de 25 años de prisión, por el primer atentado de Ezequiel Nolasco, se cumpla. Esperamos que con la celeridad correspondiente se pueda iniciar la investigación y se determinen responsabilidades. Vamos a estar atentos al desarrollo de las indagaciones a nivel administrativo y penal”, agregó.