La Contraloría General determinó que 13 ex funcionarios del Gobierno Regional de Áncash (GRA) incurrieron en presunta responsabilidad civil y penal y administrativa, debido a deficiencias en la administración del contrato para la elaboración, aprobación del expediente técnico y ejecución de la obra de mejoramiento de pistas y veredas en la avenida Los Pescadores en Chimbote; que ocasionaron un perjuicio económico de S/ 2´185,527.13 a la entidad.
El contrato para la elaboración y ejecución de obra fue suscrito por la Subregión Pacífico el 25 de enero del 2012 por un monto de inversión de S/ 32´010,181 y con un plazo de ejecución de 300 días calendario. Sin embargo, habiéndose cumplido el plazo para la entrega del expediente técnico, los ex funcionarios no requirieron su presentación; tampoco aplicaron las penalidades correspondientes por el retraso injustificado y no comunicaron la resolución del contrato por incumplimiento ya aprobado.
Por su parte, el consorcio a cargo del proyecto resolvió el contrato y solicitó indemnizaciones acogiéndose al silencio administrativo. Y pese a que la obra no se ejecutó y el laudo arbitral no determinó el monto a liquidar por no ser competente, la Subregión Pacífico y ex funcionarios de la sede del GRA, realizaron modificaciones presupuestarias sin sustento y pagaron la liquidación del contrato presentado por el contratista sin contar con la resolución respectiva que así lo disponga, originando un perjuicio económico a la entidad de S/ 2´185 527.13.
El informe
Los resultados de la auditoría de cumplimiento, realizada por el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA, periodo del 25 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2017, se encuentran detallados en el Informe de Auditoría No. 003-2019-2-5332; que contiene además recomendaciones que deberán ser implementadas por la entidad y comunicadas al OCI en un plazo de 20 días hábiles.
El informe mencionado fue entregado al titular del Gobierno Regional de Áncash, el pasado 1 de agosto del 2019, con la finalidad de que disponga, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los 13 ex funcionarios comprendidos en los hechos, y la imposición de las sanciones que correspondan conforme a la normativa aplicable.
Además, la Contraloría recomendó que la gerencia de la Subregión Pacífico disponga la implementación de directivas internas que establezcan los controles de monitoreo y supervisión de los proyectos que se ejecutan; y un sistema de actividades de autocontrol en donde se incorpore procesos de revisión de las bases administrativas antes de ser aprobadas para garantizar su concordancia con los términos de referencia establecidas por el área usuaria.