El Congreso de la República aprobó investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Entre los congresistas que integran la Comisión de Educación, hay varios que tienen conflictos de intereses y hasta con denuncias por consignar datos falsos sobre su educación universitaria en sus hojas de vida.
Según el programa periodístico ‘Panorama’, en los últimos dos años diversos congresistas han desfilado por la Sunedu, durante las épocas de licenciamiento universitario, con diversas solicitudes y requerimientos. Entre ellos tenemos a Rosa Bartra (Fuerza Popular), Edwin Donayre y Richard Acuña (ambos de Alianza para el Progreso), y Tania Pariona (Nuevo Perú).
Asimismo, Roy Ventura y Nelly Cuadros (ambas de Fuerza Popular), Marisa Glave (Nuevo Perú), Elías Rodríguez (Apra) y Edilberto Curro (Frente Amplio). Este último es miembro de la Comisión de Educación, que precisamente investigará a la Sunedu.
También existen cartas firmadas por otros legisladores y enviadas a la Sunedu donde muestran interés por conocer el proceso de licenciamiento no de universidades estatales, sino de privadas.
Así, tenemos a Milagros Salazar (Fuerza Popular), quien pidió información del proceso de licenciamiento en la Universidad Ricardo Palma, donde estudió la carrera de enfermería y fue docente, del mismo modo su colega de bancada Yeni Vilcatoma pidió, el 2 de agosto de 2019, información a la Sunedu sobre la acreditación de la Universidad Privada Los Ángeles de Chimbote, debido a que el ciudadano Pedro Antonio Castillo Gutiérrez, quien es abogado, tenía problemas en sus trámites de colegiatura.
Del mismo modo, el congresista Edwin Vergara Pinto (Fuerza Popular), 12 de agosto de 2019, donde pide la situación del proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica de los Andes, en Abancay, alegando que «afronta una problemática social».
La propia presidenta de la Comisión de Educación, Tamar Arimborgo (Fuerza Popular), estudió en la Universidad Particular de Iquitos, institución que aún no cuenta con licenciamiento de la Sunedu. Dicha casa de estudios no cuenta con biblioteca ni hemeroteca, y operó informalmente.
Otra de las investigadoras será Lizbeth Robles (Fuerza Popular), quien no tiene título académico alguno registrado en la Sunedu. Tiene una denuncia por recorte de sueldos a sus empleados, a quienes les solicitaba el 50% de sus remuneraciones.
También tenemos a Edilberto Curro, que aprobó cursos de Derecho en la Universidad Privada de Puno, pese a que presuntamente nunca asistió porque vivía en Lima. Actualmente es investigado por presunto delito contra la fe pública y falsedad genérica.
Otro con vínculos es Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria Aprista), que tuvo vínculo laboral con la Universidad San Martín y con otros apristas, incluyendo al fallecido expresidente Alan García.
Como se recuerda, la Comisión de Educación del Congreso aprobó hace unas semanas solicitar al Pleno las facultades de comisión investigadora por 120 días a la Sunedu.
La solicitud fue planteada por Juan Carlos Gonzales (Fuerza Popular) y en su intervención sugirió investigar a la Sunedu por presuntas irregularidades en los procesos de contratación de personal, bienes, consultorías y servicios, el proceso de licenciamiento de universidades públicas y privadas, y otros.