La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash revocó la sentencia que disponía que el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, no sea investigado por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo al no haber declarado dos sentencias en su contra en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante el proceso electoral del año pasado.
Como se recuerda, el 16 de agosto del presente año, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Fernando Javier Espinoza Jacinto, declaró fundado la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa técnica del gobernador y dispuso que este no sea investigado, argumentando que la conducta imputada no configuraba el delito de falsa declaración. La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huaraz y la Procuraduría del JNE apelaron esta sentencia de primera instancia.
Ahora en segunda instancia, la Sala Penal ha considerado fundada ambas apelaciones y ha ordenado que el juez de investigación preparatoria continúe con el trámite de la presente causa.
-EL CASO-
En febrero del 2019, el ciudadano Percy F. Cabanillas Gil denunció por falsa declaración en procedimiento administrativo y otros (falsedad genérica) al actual gobernador de Áncash debido que no declaró dos sentencias que tenía en su contra por obligación de dar suma de dinero y por violencia familiar.
A mediados de junio, Morillo Ulloa aceptó el delito cometido y se acogió al principio de oportunidad, a fin de evitar ser condenado, pues hubiera bastado con una reparación civil al JNE para salvar su situación. No obstante, el fiscal Jhon Macedo Miguel denegó este recurso y abrió investigación preparatoria contra el gobernador.
Fracasada esa alternativa, en agosto Morillo Ulloa solicitó ante el Poder Judicial una solicitud de excepción de improcedencia de acción, mediante la cual señalaba su defensa que la no declaración de sus sentencias no configuraba delito. Ese mismo mes, el juez Espinoza Jacinto le dio la razón, tras lo cual, en medio de los cuestionamientos, fue apartado de la Corte de Justicia de Áncash. En tanto la Fiscalía y el JNE apelaron esta decisión, la que ahora ha terminado por resolverse contra Morillo.
Es así que la máxima autoridad regional, seguirá siendo investigado por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y también por el delito de falsedad genérica.