Así se pronunció el Gobierno Regional de Áncash, ante la crisis que se ha generado la mañana de anteayer, lunes, tras la detección de su titular, cuando acudió ante el fiscal Roberto Rojas Ascón.
«El gobernador regional Juan Carlos Morillo, no tiene una acusación judicial y menos una sentencia en su contra, solo existe una hipótesis fiscal sobre el delito de colusión agravada que no ha sido probada ni demostrada, pero con la que ,increíblemente, se aceptó una detención preliminar».
El gobierno regional precisa que Morillo Ulloa se presentó a todas las diligencias en las que fue requerido y ha entregado toda la documentación que se le ha solicitado.
Así mismo, asevera que se presentó al octavo despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Huaraz, para hacer entrega de su pasaporte y demostrar, de esta manera, su predisposición para apoyar la labor jurisdiccional, desvaneciéndose de esta manera el criterio de peligro de fuga.
Tras calificar la orden de detención expedida por el juez Derby Quezada Blanco, como «abusiva, arbitraria e ilegal», el Gobierno Regional de Áncash, advierte que se está asentando un nefasto precedente judicial respecto a la función que cumplen los gobiernos regionales.
Finalmente, precisa que el gobernador Juan Carlos Murillo, es acusado y detenido por el solo hecho de haber solicitado mediante oficio, al consejo Regional de Áncash, la aprobación de las contrataciones directas por la causal de emergencia sanitaria por el covid-19 un acto que forma parte de sus funciones y que son exigidas por la ley.