El abogado penalista y exdecano del colegio de abogados de Áncash, Elmer Robles Blácido, se refirió a la actual situación del gobernador de Áncash, funcionarios y una empresaria, ya que hoy se evalúa el pedido de prisión preventiva en su contra. Ante ello dijo que si el gobernador sale en libertad, no podria afrontar la justicia como es debido.
«Estamos viviendo circunstancias difíciles, en el entendido, porque el gobernador y otros funcionarios municipales, distritales, deberían actuar derecho que tienen establecidos en las normas propias de su competencia. Sobre todo cuando se trata de actos de salud. Todo hace indicar que el gobernador y sus funcionarios no han actuado así, si no han violentado las exigencias normativas», manifestó Elmer Robles, en entrevista para Áncash Noticias.
Pedido de prision preventiva
Robles Blácido, aseveró que, para que la fiscalía solicite prisión preventiva, es porque tiene acreditados todos los presupuestos, para que se dicte la medida; siendo la primera de ellas, que exista graves y fundados elementos de convicción. «Ello significa que esto vincula al gobernador y funcionarios en pruebas, de haber cometido delito de colusión agravada», aseguró Robles.
Asimismo, según el ex decano del colegio de abogados de Áncash, la fiscalía tiene sustentado el segunda presupuesto, para que de acuerdo el código procesal penal, la pena para el delito sea de más de 4 años, y el último de ellos es, porque existiría peligro de fuga.
También adicionalmente se evalúa la proporcionalidad de la medida, donde el fiscal establecerá los motivos porque el juzgado no debe dictar comparececia con restricciones u otra medida.
Dijo que solo el juez decidirá finalmentte cuál es el destino de los funcionarios, evaluando todos estos elementos presentados y debidamente sustentados por la fiscalía.
Si retorna al poder, podría obstaculizar la justicia
Sin embargo, dijo que por la gravedad de los hechos el gobernador si podría obstaculizar la justicia de retornar al poder. «Ante la gravedad de los hechos, el juez debe evaluar, si este señor, va o no afrontar la justicia. Si bien es cierto, él tiene familia y todo; pero si no se le dicta la prisión preventiva, él va a volver al poder, y puede hacer cambiar la versión de los testigos, negarse a dar documentación importante a la fiscalía (…), porque está en el poder, y esa es principalmente la razón porque el fiscal está llevando el proceso y solicitando la prisión preventiva», apuntó.
También Robles, subrayó que hay hechos graves que ya la sala de apelaciones había resaltado, una de ellas es que la empresa ganadora que ejecutó la obra en Chimbote, ya había presentado la propuesta 3 dias antes que se lance la convocatoria y tenía ya eleborado su expediente técnico. «como es que presentaba su propuesta, sin que haya llegado la invitación, pese a que no contaba con experiencia, y las camas que debieron entregar no ingresaron al hospital (…)», advirtió Robles Blácido.
De otro lado, los testigos protegidos señalan que ya el gobernador y sus funcionarios manejaban todo, para presuntamente facilitar la obra a la empresa ganadora.
«Todo esto nos hace preveer que no sería nada contrario a ley, que el juez declare prisión preventiva, aunque esto todavia se somete a que la defensa puede apelar; pero en el otro lado; si el juez, que es su derecho, declara infundado la prision preventiva, el fiscal puede apelar; quien al final estaría determinando, es la sala de apelaciones, en un caso tan mediático. Al margen de las pasiones políticas, el juez debe ser racional y ecuánime para que finalmente tome una decisión, porque al final conoce el caso a detalle con los elementos que lo corroboran o no.», indicó.
Por lo tanto, aseveró que la situacion se complica para el gobernador porque se trata de una obra en medio de una crisis para afrontar la pandemia de la covid -19.
Finalmente cuestinó las marchas a favor del gobernador, pidiendo su libertad, y dijo que esto le hace enorme daño a la población, porque Ancash sigue ocupando los primeros lugares en corrupción, por lo que mencionó que a la población le queda esperar que el juez actúe conforme a ley, y su decisión sea debidamente motivada, para que el ciudadano también la pueda leer, y al final evaluar si es correcta o no.