Desde que el 30 de noviembre se dictara detención preliminar para el gobernador titular Juan Carlos Morillo Ulloa y el 01 de diciembre el gobierno del presidente Francisco Sagasti aceptara la renuncia irrevocable de la ex prefecta Eunice Dextre, ambos cargos regionales quedaron en enccargados -sin plenas facultades- para cumplir con las competencias que prevé la Ley para ambas instituciones
Gobierno Regional
El jueves pasado el consejo regional se reunió en sesión ordinaria, y pese a la agenda abierta, ningún consejero, en la estación de informes y tampoco en pedidos, solicitó pronunciarse en torno a la resolución judicial de segunda instancia que confirmó la prisión preventiva para el gobernador Juan Carlos Morillo por 9 meses.
Anoche, este portal se comunicó con varios consejeros regionales y expresaron que «el asunto no fue tratado por que nadie lo solicitó y tampoco la consejería delegada dio cuenta de alguna notificación judicial», y solo como acuerdo más importante fue de que Carmen López salió elegida como nueva consejera delegada.
La actuación de la mayoría del legislativo regional es la misma que se dio cuando el gobernador regional se ausentó por estar enfermo con COVID. En esa ocasión incluso la flamante consejera delegada llegó a decir en una sesión que se debía esperar un certificado fedatado para tratar la encargatura al vicegobernador porque «a ella no le constaba que el gobernador estuviera internado en el hospital Rebagliati».
Ante la omisión que nuevamente incurre el máximo órgano de gobierno regional, el vicegobernador regional Henry Borja Cruzado aún no puede tramitar sus credenciales debido a que la primera instancia (consejo regional) no ha acordado la suspensión del gobernador titular; por lo que se habría dirigido directamente al JNE para comunicar esta situación.
Ante esta situación el abogado y analista político Efraín Flores Leyva, deploró la actuación politizada e interesada de los consejeros regionales recordando que este mal sigue siendo endémico desde la gestión del ex gobernador regional César Alvarez. «Los consejeros regionales entienden por fiscalización más bien como un mecanismo de chantaje para pedir prebendas al gobernador de turno; si hubieran sido realmente fiscalizadores no hubiera ocurrido lo que todos estamos presenciando: irregularidades en todas las IOAR» sostuvo en entrevista que concedió esta mañana al programa Primera Edición.
En tal sentido Flores exhortó a la Fiscalía de Prevención del Delito como a la Defensoría a instar nuevamente al colegiado regional -como ya ocurrió anteriormente- para que no sigan obrando con dilación y se tenga una autoridad titular que tenga la credencial correspondiente y especialmente ahora que se afrontan problemas como la pandemia y los desastres que se vienen registrando por las fuertes lluvias con 66 distritos declarados vulnerables.
Prefectura Regional
En la prefectura regional, también el panorama de acefalía es similar. El subprefecto de Huaraz Edgar Soto, hace las veces de coordinador de las acciones que corresponden al Ministerio del Interior en lo que concierne a la capital regional; pero no tiene competencia en toda la región.
Varios alcaldes que se comunicaron con Ancash Noticias expresaron su malestar por la falta de un prefecto o prefecta con quien se pueda coordinar las acciones de seguridad especialmente ahora que las normas sanitarias requieren del estricto cumplimiento del toque de queda y donde se necesita a una autoridad coordinadora para que la Policía Nacional como el Ejército Peruano puedan apoyar al cumplimiento de las mismas.
«En este caso, es todavía más clamoroso porque el presidente Sagasti dice que el Partido Morado no es gobierno y por lo tanto, no encuentran a la persona ideal para el cargo; mientras la región necesita de que hayan cabezas actuantes» precisó Flores Leyva.