El viernes 26 de los corrientes, a las 15:43 horas, la representante del Consorcio Jireh Ziany García Fernández interpuso una denuncia penal contra el gobernador regional encargado Henry Borja Cruzado por el presunto delito de cohecho pasivo impropio.
El documento presentado ante la Fiscalía Anticorrupción fue hecho público en una conferencia de prensa que el citado grupo empresarial una hora más tarde donde se ratificaron que efectivamente un emisario del gobierno regional de nombre Michel Miranda pretendió extorsionarlos con 300 mil soles de pago irregular más otro porcentaje especial para «el número 1» para darles viabilidad a los pagos por la ejecución de la obra Mejoramiento de la Carretera Buena Vista Alta – Mojón en la provincia de Casma.
Durante la cita con los hombres de prensa los integrantes del citado consorcio como son las empresas Inversiones En Ti Jesús SAC y Constructora Upaca SA narraron que se hicieron de la buena pro de ésta obra el 24 de noviembre de 2020, habiéndose suscrito el contrato de ejecución de obra el 14 de diciembre del mismo año.
En esas fechas coincidió el ascenso de Borja como gobernador regional encargado y esperaban ya el otorgamiento del 15% para iniciar la ejecución de la obra de acuerdo a ley, el cual se produjo, pero horas después la transferencia del pago fue anulada.
La administración regional adujo que un comité de fiscalización había revisado el contrato y habría encontrado presuntas irregularidades como una presunta carta fianza falsa.
En un audio que apareció en las redes sociales se denunció que para no anular este contrato el emisario de apellido Miranda les exigió el pago de una comisión para funcionarios. Dos días después el gobernador regional y su gerente general, en conferencia de prensa, negaron que tendrían algun funcionario comisionado para eso y además precisaron que habían interpuesto una denuncia a través de la Procuraduría.
Carretera Buenavista-Quillo
La obra de asfaltado de la vía Buenavista-Quillo debe ejecutarse por un monto de 44 millones, correspondiendo un adelanto de 6 millones de soles por los cuales se exigían las «comisiones» correspondientes, hecho que en sus momento le fue negado de plano por la representante del citado Consorcio y en represalia las autoridades procedieron a anunciar la anulación del contrato.
Durante la conferencia mostraron también varias conversaciones por WhatsApp que bien el Ministerio Público debe apurar su investigación y no dilatar porque se está ante una noticia criminal de envergadura puesto que el contrato fue firmado el 14 de diciembre y tres meses después alegan que hay una carta presuntamente falsa, que ahora los denunciantes aseguran que está en arreglo a Ley.
Alistan protestas
Ante la virtual anulación de contrato, los representantes del Consorcio también expresaron que la administración regional ya tendrían al proveedor que los sustituya -que también ha sido alcanzada ante el MP- para las investigaciones correspondientes, motivando una vez más el estupor en la ciudadanía que confiaba que los actos de corrupción en el gobierno regional ya eran cosa del pasado.
En tanto los pobladores de los distritos de Buenavista (Casma) y Quillo (Yungay) para el miércoles 30 preparan una movilización, exigiendo al gobernador Borja no paralice la ejecución de su proyecto vial.