En el marco del proceso que se le sigue al suspendido gobernador regional de Áncash Juan Morillo Ulloa, por las presuntas irregularidades en la construcción y equipamiento del ambiente COVID-19 del Hospital Regional de Chimbote, la Fiscalía pidió 13 años de prisión.
En un requerimiento presentado ante el Poder Judicial, el fiscal Anticorrupción Robert Rojas Ascón solicitó 13 años con 8 meses y 23 de días de cárcel contra Morillo Ulloa por la presunta comisión del delito de colusión agravada.
La misma sentencia se exige para el ex gerente general del Gobierno Regional Jhonny Muñante Quispe, el exjefe de la unidad formuladora José Milla Priet, el ex jefe de estudios William Rojas Vereau, el ex gerente de Infraestructura Pedro Velezmoro Sáenz, el ex gerente de Logística Ángel Velásquez Abanto y el exgerente regional de Administración Juan Mendo Sánchez.
Según detalla el documento, otros acusados son el exencargado de los IOARR Antonio Brigui Cerna Shuan y el ex inspector de obras Wagner Rafael Castro Ramírez; ambos con una solicitud de pena de 9 años con 2 meses y 23 días. La misma sanción se ha solicitado para la empresaria Ninel Romero Bartusiak y su residente de obras Alan Chiclayo Bocanegra.
Además, para el exencargado de aprobar los IOARR Ítalo Kiyoshi Lon Kan Pérez, se pide 4 años con 6 meses de cárcel, al igual que para los proveedores Franklin Valle Urcos, Marco Antonio Montalvo Moreno, Julio Mario Barreto Zúñiga, Eliseo Roberto Segura Carrera y Elder Guillermo Becerra Ramos. Para el proveedor Eugenio Tume Tume, solicitan 3 años con 5 meses de cárcel.
Sobreseimiento
En el mismo requerimiento, el fiscal a cargo, solicitó que se archive la investigación en contra del exjefe de Programación Multianual de Inversiones IOARR Miguel Ángel Izaguirre Minaya, el ex director regional de Salud Luis Alberto Huamaní Palomino, el ex director del Hospital Regional Federico Martínez Taipe y los proveedores Jenny Starko Mejía, Carmen Valdiviezo Cano y Perci Villanueva Cano.