La Contraloría General evidenció que funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de Áncash (GRA), contrataron los servicios de seguridad personal para el gobernador regional en funciones, durante los meses de julio a diciembre del 2019; a pesar de que su protección y resguardo es realizado en forma exclusiva y gratuita por la Policía Nacional del Perú (PNP). Para ello, utilizaron recursos destinados a otra actividad, ocasionando un perjuicio económico a la entidad por S/ 25 333,34.
Según el informe de Acción de Oficio Posterior N° 29164-2021-CG/SEDEN-AOP, cuyo periodo de evaluación es del primero de julio al 31 de diciembre del 2019, el Gobierno Regional de Áncash, contrató los servicios de seguridad y protección para el titular de la entidad con recursos destinados a la prestación de seguridad a favor de la población y otras actividades.
Asimismo, la Unidad de Seguridad del Estado de la PNP comunicó al máximo órgano de control gubernamental que, durante los meses de julio a diciembre de ese año al exgobernador regional se le asignó cuatro efectivos policiales para su resguardo las 24 horas del día, salvo en ocasiones extraordinarias y por orden superior que el número de escoltas se redujo a dos o tres efectivos.
No obstante, los servidores del Gobierno Regional de Áncash contrataron los servicios de un tercero, para cumplir con las funciones de protección y seguridad de la autoridad regional; quien a su vez otorgó conformidad a dichos servicios.
Acciones que tomó la Contraloría
El informe, elaborado por la Subgerencia de Evaluación de Denuncias de la Contraloría General, se notificó al actual gobernador regional de Áncash para que, en mérito a sus facultades, disponga e implemente las acciones que correspondan. Asimismo, los ciudadanos pueden acceder al contenido íntegro del documento a través del Buscador de Informes de Servicios de Control. en la página web institucional www.gob.pe/contraloría.
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