La Contraloría emitió el informe de servicio de control específico N° 012-2022-2-0706 mediante el cual determinó que 14 funcionarios y/o servidores de la Dirección Regional de Educación de Áncash ocasionaron a la entidad un perjuicio económico por S/ 28 880, al tramitar, aprobar y gestionaron en el 2019, el pago por el total del primer entregable del proceso de saneamiento físico legal de 17 instituciones educativas de la región Áncash, a pesar que éste no contenía toda la documentación establecida en el contrato, como declaraciones juradas, oficio a SUNARP para inscripción preventiva, actas de visita a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), entre otros
Ante ello, además, de la evaluación efectuada a la documentación, se detectó incongruencias entre el plano de cerco perimétrico, la memoria descriptiva y actas de visita, pese a ello otorgaron conformidad al servicio. Asimismo, no verificaron la prestación efectiva de los servicios ni adoptaron acciones para la retención del 10% la garantía de fiel cumplimiento, no obstante, la entidad desembolsó la totalidad del primer entregable.
Tampoco se informó al contratista la ampliación de plazo por 30 días, solicitada por la empresa. Dicha ampliación fue aceptada por la entidad el 16 de enero de 2020, debido a la falta de respuesta en los plazos establecidos por la norma (10 días), a pesar que no había justificación para acceder al pedido. No obstante, no verificaron que dicho documento haya sido notificación. De igual forma, no se adoptó acciones para resolver el contrato.
Cabe precisar que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la DREA emitió oportunamente informes de control concurrente advirtiendo riesgos en el proceso de saneamiento de las 17 II.EE ubicadas en las provincias de Huaraz, Santa, Huaylas, Carhuaz y Yungay. Además, en diciembre del 2020 se emitió otro informe de control posterior relacionado al proceso de selección para la contratación del servicio de saneamiento, que actualmente es materia de investigación preparatoria por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Asimismo, la comisión de control, también detectó que el presupuesto asignado para el saneamiento físico legal de los 17 colegios del nivel inicial y secundario, fue utilizado para otros conceptos, como pago por gastos de caja chica, viáticos y prestación de servicios.
Es de precisar que, la falta de acciones de los funcionarios y/o servidores para exigir el cumplimiento del contrato hizo que S/ 43 319 reviertan al Tesoro Público y por consiguiente, que la entidad pierda el presupuesto asignado para el servicio.
Por lo que, según el informe, en la relación de IIEE priorizadas para el saneamiento físico legal, se habían incluido a 3 colegios que ya contaban con el registro ante la SUNARP y 1 que ya había iniciado su independización, quitándole la posibilidad de beneficiar a otras instituciones educativas.
Dato:
El informe fue derivado al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción y al titular de la entidad regional para el inicio de las acciones del caso penales y administrativas correspondientes.