Huari: identifican perjuicio por más de S/ 1.5 millones por deficiencias en represa de laguna
Las deficiencias detectadas en la represa de Huari podrían tener consecuencias graves tanto para la población local como para el medio ambiente circundante.
La Contraloría General de la República ha revelado una preocupante situación en la región Ancash, específicamente en el distrito de Paucas (Huari), donde deficiencias estructurales detectadas en la obra de creación de la represa de la laguna Jatun Jummur del centro poblado de Viscas, han generado un perjuicio económico que supera el millón y medio de soles (S/ 1’562 523.00). La información ha sido difundida tras una exhaustiva evaluación que fuera realizada por expertos en ingeniería y gestión de recursos hídricos.
Según los reportes emitidos, durante la ejecución de la obra, la entidad responsable -en una primera etapa- pagó valorizaciones a pesar de que los trabajos en el cuerpo de la presa no se realizaron conforme lo establecido en el expediente técnico. Ya en una segunda etapa, pese a que la empresa reportó la ejecución en un 100%, no llegó a aplicar el aditivo impermeable, insumo fundamental para prevenir la filtración de agua.
Hallazgos críticos
La represa de Huari, construida con el propósito de regular el caudal de agua y proporcionar seguridad hídrica a la región, ha sido objeto de diversas observaciones por parte de la comunidad y organizaciones de monitoreo ambiental en los últimos años. Sin embargo, la magnitud del perjuicio económico revelado en esta reciente evaluación ha generado un nuevo nivel de preocupación entre los habitantes de la zona y las autoridades locales.
En adición a los hallazgos expuestos, la Contraloría reveló que el Comité de Selección de la Licitación Pública de la obra en cuestión, no se admitió la oferta de uno de los postores para ejecutar la segunda etapa de la obra, sin argumentis justificados; y en su lugar entregó la buena pro a un consorcio que no cumplía con los requisitos de calificación.
En la situación expuesta, cinco exfuncionarios y servidores públicos han sido implicados, por su presunta responsabilidad penal y administrativa.
