En una declaración conjunta, los principales gremios empresariales del Perú, entre ellos la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), la Asociación de Exportadores (ADEX), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) y la Confederación de Empresas Comunales, expresaron su profundo rechazo a la decisión del Congreso de la República de derogar el Decreto Legislativo 1607.
Dicha disposición contemplaba medidas destinadas a frenar el avance del crimen organizado vinculado a la minería ilegal en el país. Los gremios empresariales calificaron esta derogación como un retroceso significativo en la lucha contra lo que consideran la principal economía criminal en el Perú, superando incluso al narcotráfico: la minería ilegal.
Al derogarse el DL 1607, los gremios señalan que se limita el accionar de la Policía Nacional para controlar el tráfico de explosivos utilizado por la minería ilegal, no solo para robar minerales, sino también para desviarlos hacia otras actividades ilícitas que afectan la seguridad nacional.
Además, alertan que esta derogación prolonga el incentivo para las invasiones de terrenos concesionados por el Estado peruano, lo que genera inestabilidad jurídica y desincentiva las inversiones. La eliminación del plazo perentorio de 90 días para que los informales presenten acuerdos suscritos con las concesiones mineras invadidas contribuye a este clima de incertidumbre.
Los gremios empresariales enfatizan la necesidad de revisar y fortalecer el proceso de formalización de la pequeña minería, pero advierten la importancia de diferenciar claramente entre la minería a pequeña escala o artesanal y la minería ilegal, que consideran criminal y asociada a otras organizaciones delictivas.
Asimismo, destacan que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) actualmente estructurado favorece la operación encubierta de mineros ilegales, lo que resulta en violaciones a los derechos humanos, devastación ambiental y pérdida de recursos económicos para el país.
Los gremios empresariales concluyen exhortando al Congreso y al Poder Ejecutivo a sumarse a la lucha contra la criminalidad, dictando y ejecutando medidas efectivas para poner fin a la impunidad con la que operan las actividades criminales, incluida la minería ilegal, que amenaza tanto la economía formal como la seguridad y el bienestar de todos los peruanos.