La Contraloría General de la República informó sobre un perjuicio económico cercano a los S/ 2 millones en la obra de rehabilitación del colegio N°466 – Nuevo Kaqui, ubicado en el distrito de Yaután, provincia de Casma, en la región Áncash. Este perjuicio se detectó durante una auditoría de cumplimiento realizada al expediente técnico adicional de la obra ejecutada por la Municipalidad Provincial de Casma en el año 2021.
Según el informe de auditoría, el perjuicio asciende a S/ 1 940 478 y ha generado consecuencias directas en la comunidad educativa, ya que hasta la fecha los escolares del nivel inicial no pueden hacer uso de las nuevas instalaciones.
La obra, que formaba parte del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, contaba con un presupuesto inicial de S/ 2 061 849 e incluía equipamiento, mobiliario, plan de contingencia, supervisión de obra y el expediente técnico. Sin embargo, medio año después de su culminación en agosto de 2022, se reportaron problemas estructurales graves, como el desplome de un muro de contención y asentamientos en el terreno.
El informe de la Contraloría señala que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Casma tramitaron y solicitaron la aprobación del expediente técnico inicial sin contar con la versión definitiva, lo que generó incongruencias y deficiencias que no cumplían con la normativa vigente. A pesar de estas irregularidades, se emitieron pagos por un total de S/ 34 250 sin aplicar las penalidades correspondientes por el retraso en la entrega de la obra.
Asimismo, se detectaron deficiencias en la ejecución de la obra, como la falta de exploración adecuada del terreno, ausencia de sistemas de drenaje pluvial y problemas en la estabilidad estructural del colegio.
El informe concluye con la recomendación de iniciar acciones administrativas y penales contra los ocho funcionarios implicados en las irregularidades detectadas. El documento completo puede ser consultado en el siguiente enlace: Ver Informe.
Se espera que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para esclarecer estos hechos y garantizar la calidad de las obras públicas en la región, así como el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado y construcción de infraestructuras educativas.