Ana Estrada sufría de polimiositis, una enfermedad inflamatoria que debilita los músculos y limita actividades como subir escaleras o alcanzar objetos. A pesar de recibir tratamiento de fisioterapia para mejorar la fuerza muscular, esta afección no tiene cura. Desde los 12 años, Ana Estrada convivió con esta condición, que la hizo dependiente de un respirador artificial.
Ana Estrada decide someterse a la eutanasia (acción ejecutada con el propósito intencionado de causar la muerte de una persona para evitar el dolor o sufrimiento, lo que excede la naturaleza y objetivos de un acto médico) debido a la efermedad grave que padecía. Su lucha comenzó en el año 2014, pero no fue hasta el año 2019 que la Defensoría del Pueblo asume su defensa legal. El entonces defensor del pueblo Walter Gutiérrez, señaló que se buscaba el respeto a la decisión de Ana así como la garantía de su voluntad, libre e informada “de decidir el cese de su vida por padecer una enfermedad que afectaba grave e irreversiblemente su dignidad humana”
Sin embargo, una de las trabas que vio su defensa en principio fue lo establecido en el Código Penal Peruano. El artículo 112 de este código castiga con hasta tres años de prisión el llamado «homicidio piadoso», definido como el acto de matar a un enfermo incurable que solicita expresamente poner fin a sus insoportables dolores.
En febrero de 2020, la Defensoría tomó acción presentando un amparo contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como EsSalud, con el objetivo de que el mencionado artículo no afectará el caso de Ana. En febrero de 2021, el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió un fallo histórico a favor de Ana. Este ordenaba al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar su decisión de someterse a la eutanasia cuando lo deseara.
Los ministerios y EsSalud no apelaron la decisión de la Corte Superior, lo que llevó el caso a la Corte Suprema. En mayo de 2021, la decisión fue remitida a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, pero tardó más de un año y medio antes de que la Corte Suprema emitiera su veredicto a favor de Ana.
La Sala Suprema optó por postergar la diligencia para escuchar a expertos después de las presentaciones de los especialistas y las partes involucradas, se procedió a la votación. Tres de los cinco miembros de la sala votaron a favor de Ana, mientras que dos votaron en contra. Ante esta situación, se convocó a un juez dirimente para emitir una decisión final luego de escuchar a todas las partes.
Durante su intervención ante la Sala Suprema el 3 de junio de 2022, Ana dijo “Quiero que el Estado me deje decidir porque es mi vida, mi cuerpo y mi autonomía la que defiendo y me pertenece”. El fallo a favor de reconocer el derecho a una muerte digna fue emitido por la Corte Suprema el 14 de julio de 2022.
El 27 de julio de 2022, el Poder Judicial anunció que el Juez supremo dirimente, Carlos Calderón Puertas, se sumaba a la posición mayoritaria respecto al protocolo médico del caso de Ana. En febrero de 2023, la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó a EsSalud y al Ministerio de Salud respetar la decisión de Ana de recurrir a la eutanasia. Finalmente, en enero de este año, los procedimientos fueron aceptados.
Ana Estrada, quien tras una larga y dura batalla legal logró el derecho a lo que ella califica como una “muerte digna” accediendo a la eutanasia el pasado domingo 21 de abril. Su caso se convirtió en un referente del debate sobre la eutanasia en Perú.
El dilema de la eutanasia: ¿autonomía individual versus protección de la vida humana?
La elección de Ana de someterse a la eutanasia ha desatado un debate sobre la dignidad de su muerte. Mientras algunos sostienen que la eutanasia le permitió ejercer su autonomía y evitar un sufrimiento prolongado, otros cuestionan si este es el único camino hacia una muerte digna, considerando aspectos éticos, morales y sociales.
Los obispos católicos peruanos expresaron su rechazo a este método dado que “vulnera el derecho inalienable a la vida”. «Como afirmamos en un comunicado en el 2021, la eutanasia siempre será un camino equivocado, el cual ninguna autoridad puede legitimar ni permitir», reafirmó la Santa Sede. Este contraste de opiniones ha generado un intenso debate público que ha dividido a la sociedad en dos campos claramente diferenciados.
Los defensores del derecho individual sostienen que la eutanasia es un acto compasivo y digno porque permite a las personas tener control sobre el final de su vida. Argumentan que en casos de enfermedades terminales o sufrimientos extremos, la eutanasia ofrece una salida humanitaria al evitar prolongar el dolor y la agonía innecesaria. Este punto de vista encuentra respaldo en experiencias personales, como la de María Benito, quien sufre de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que causa una parálisis muscular progresiva y mortal. María menciona que, «En caso de aprobarse la eutanasia, deseo acogerme a este beneficio», lo que ilustra cómo la posibilidad de la eutanasia brinda una opción de paz y dignidad en circunstancias tan difíciles.
Este conflicto de valores y creencias sobre la eutanasia invita a la sociedad peruana a reflexionar y expresar sus opiniones. ¿Estás de acuerdo con la eutanasia como una opción para garantizar la autonomía individual, o crees que la protección de la vida humana debe prevalecer en todas las circunstancias?.