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Fiscalía Anticorrupción investiga presuntas irregularidades en obra de mantenimiento del I.S.T. Recuay

Composición: Áncash Noticias

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Fiscalía Anticorrupción investiga presuntas irregularidades en obra de mantenimiento del I.S.T. Recuay

Inicia indagación preliminar contra funcionarios y empresas vinculadas a la ejecución de la obra.

La Fiscalía Anticorrupción del 5to despacho ha iniciado una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la obra de mantenimiento del Instituto Superior Tecnológico (I.S.T.) de Recuay. La indagación se centra en las acciones del presidente titular del Comité de Selección, Ever Martine Pomiano Ita, el primer miembro titular del Comité de Selección, Cesar Orlando Rurush Asencio, el segundo miembro titular del Comité de Selección, Oscar Leocadio Tuya Camones, así como en el representante legal del Consorcio San Ildefonzo, Newell Taigle Avila Lazaro.

Los presuntos delitos investigados están relacionados con la presunta comisión de colusión simple, en agravio del Estado Peruano – Municipalidad Provincial de Recuay. La investigación, que será llevada a cabo durante un plazo de ciento veinte días, busca esclarecer los posibles actos de corrupción en el proceso de adjudicación y ejecución de la obra.

La Fiscalía ha ordenado al alcalde de la Municipalidad Provincial de Recuay, Harold Jorge Ramírez Trejo, la remisión de diversos documentos relacionados con el proceso de contratación y ejecución de la obra en un plazo de cinco días hábiles. Asimismo, se solicita a la Contraloría General un informe completo sobre las acciones preventivas y correctivas realizadas respecto a las observaciones emitidas en informes previos.

La investigación, liderada por la fiscal provincial Titular de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Ana Maria Del Rosario Valverde Cueva, busca esclarecer los graves hallazgos. Ante la vinculación familiar de la fiscal con el Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Áncash, se espera que se garantice la objetividad y legalidad del proceso, tal como exige la ley y demanda la población de Recuay y Áncash.

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