El Decreto Supremo N.° 009-2024-SA considera las identidades trans, travestis y otras de género como «patologías». Este decreto utiliza la versión desactualizada de los años 90 del documento CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades), que clasifica las identidades de género como enfermedades. Esto pone en peligro a la población LGBTIQ+, haciéndola vulnerable a torturas y degradación a través de supuestas terapias o prácticas de conversión.
El Ministerio de Salud (Minsa) no tomó en cuenta que hace dos años la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el CIE-11, que realizó cambios significativos en el ámbito de la salud mental y sexual. Este nuevo código elimina las categorías de «travestismo» y «transexualismo» que estaban presentes en el CIE-10, e introduce la categoría de «incongruencia de género», que ya no se considera un trastorno. Desde 2018, cuando la OMS presentó el CIE-11, el cual entró en vigor en enero de 2022, la transexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades mentales.
Críticas al Minsa por uso de normativa desactualizada
A pesar de esto, el Minsa se aferra a la CIE-10 sin considerar las posibles repercusiones que esto podría tener en los miembros de la comunidad LGBTIQ+. Ante esta noticia, el Colectivo Marcha del Orgullo, junto con otras organizaciones LGBTI, critica el uso de una norma desactualizada por parte del Ministerio de Salud. «Exigimos al Ministerio de Salud que modifique dicha norma, adoptando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere el uso de la CIE-11», declaró Jorge Apolaya, vocero del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.
De igual forma, la organización Manuela Ramos ha emitido un pronunciamiento donde exige la derogación inmediata del decreto que pretende “hacer ver como enfermedad la diversidad de género y sexual”. Además, solicitan la implementación de políticas de salud que fomenten la igualdad y prevengan la discriminación.
Respuesta del Minsa: ¿Priorizar la salud mental sobre los derechos LGBTIQ+?
El Minsa respondió mediante un comunicado, justificando la actualización reciente como necesaria para asegurar una cobertura completa en salud mental. Afirman que la CIE-10 sigue siendo válida en Perú hasta que se implemente gradualmente la CIE-11. Sin embargo, esta postura plantea interrogantes sobre si la vigencia prolongada de la CIE-10 podría mantener estigmatizadas a las personas LGBTIQ+ y si la implementación del CIE-11 debería ser más prioritaria.
Además, reafirmó su posición en respuesta a las preocupaciones planteadas por las organizaciones LGBTI, asegurando que la diversidad de género y sexualidad no son consideradas enfermedades. Expresaron su respeto hacia las identidades de género y rechazaron la estigmatización de la diversidad sexual en el país. Sin embargo, algunos críticos podrían cuestionar si las políticas y prácticas del Minsa reflejan verdaderamente este respeto y si se están tomando medidas concretas para proteger los derechos y la salud de las personas LGBTI en la práctica.
La lucha LGBTQ+ contra la clasificación como trastornos mentales
A pesar del comunicado del Minsa, la controversia persiste entre la comunidad LGBTQ+, y no descartan llevar a cabo una protesta pacífica. Sus representantes argumentan que la decisión del Gobierno los expone a un grave riesgo. Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de diálogo y la verdadera inclusión de las voces LGBTQ en la formulación de políticas de salud.
La clasificación de las identidades LGBTIQ+ como trastornos mentales ha generado controversia en el ámbito de la salud y los derechos humanos. El Ministerio de Salud (Minsa) defiende la actualización de la CIE-10 para una atención integral en salud mental, pero hay preocupación por su impacto en la estigmatización de la comunidad LGBTIQ+.
¿Debería priorizarse la alineación con estándares internacionales, como la implementación inmediata de la CIE-11, o se necesitan medidas específicas para salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas LGBTIQ+? Esta pregunta fundamental abre un diálogo esencial sobre si es justo categorizar las identidades LGBTIQ+ de esta manera, o si ello perpetúa la discriminación y el estigma. Es crucial un debate abierto y reflexivo para abordar esta compleja cuestión y asegurar que las políticas de salud sean inclusivas y respetuosas de los derechos humanos para todas las personas.