En un esfuerzo por liberar la faja marginal del río Quillcay, la Municipalidad Provincial de Huaraz ha iniciado procesos judiciales contra 23 viviendas ubicadas en esta área vulnerable. El procurador municipal destacó que se está trabajando en coordinación con el Ministerio de Vivienda para garantizar la salida de estas familias y mejorar la seguridad de la zona.
El procurador explicó que, desde el año pasado, se ha venido trabajando en conjunto con varias instituciones públicas, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, y la plataforma de Defensa Civil, para abordar la problemática. «Venimos trabajando desde el año pasado en forma colegiada con las diferentes instituciones públicas. Hemos programado las intervenciones de los ríos del sector de Quillcay Huanca, donde los trabajos de descolmatación y limpieza están programados desde el puente Auqui hasta el puente Bolívar,» señaló.
Los trabajos se han dividido en tres tramos. El primer tramo ya se ha trabajado y liberado, con algunos procesos judiciales de demolición de viviendas en curso. En el segundo tramo, se ha realizado la limpieza y recuperación del área. Actualmente, se están llevando a cabo trabajos en el tercer tramo, que comprende desde el puente Huascarán hasta el puente Bolívar.
El procurador indicó que existen aproximadamente 24 familias en el tramo mencionado que están en proceso judicial con la Municipalidad para su retiro de esta zona de alto riesgo aluviónico. «Ellos tienen que entender que están posicionados en un sitio prohibido, calificado como una zona aluviónica de alto riesgo,» enfatizó.
Señaló que muchas de estas viviendas, inicialmente de material rústico, han sido mejoradas ilegalmente, incluso con construcciones de concreto. Sin embargo, la municipalidad seguirá adelante con los procesos judiciales para demoler estas estructuras conforme a lo dispuesto por el Poder Judicial.
El Ministerio de Vivienda ha realizado un trabajo técnico y legal para la reubicación de las familias afectadas. «Un 95% de los ocupantes de estas fajas marginales cuentan con otras propiedades y actividades comerciales, lo que no acredita su estado de vulnerabilidad. Solo un grupo mínimo de 6 a 7 familias ha sido calificado positivamente para la reubicación,» explicó el procurador.