Contraloría detecta perjuicio de S/ 1.3 millones en la UNASAM por pagos irregulares en 2022

La Contraloría General de la República ha revelado un informe que detecta un perjuicio económico significativo en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) debido a pagos irregulares realizados en el año fiscal 2022. El informe titulado «Otorgamiento de retribuciones económicas por responsabilidad directiva a personal docente y administrativo» detalla cómo funcionarios y empleados de la universidad aprobaron un reglamento interno en contra de las normas de gestión presupuestaria, resultando en un detrimento de S/ 1,299,184.97.

Según el extenso documento, el reglamento interno, aprobado en la sesión ordinaria del Consejo Universitario de la UNASAM el 25 de febrero de 2022 y formalizado el mismo día mediante la Resolución de Consejo Universitario-Rector N.° 125-2022-UNASAM, permitió la entrega de retribuciones económicas a personal docente y administrativo por ocupar cargos de responsabilidad directiva. Esta acción se realizó pese a la prohibición explícita en el artículo 6 de la Ley N.° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, que prohíbe la aprobación de nuevas bonificaciones y otros beneficios económicos.

Adicionalmente, se estableció que el reglamento contravino la cuarta disposición transitoria de la Ley N.º 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que establece que cualquier ajuste remunerativo debe ser aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

El informe de control específico, número 013-2024-2-0213, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la UNASAM, cubre el período del 23 de febrero de 2022 al 1 de marzo de 2023. El documento señala que los pagos realizados incluían retribuciones económicas a veinte servidores de carrera bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276, quienes ya recibían compensaciones por responsabilidades directivas.

La Contraloría ha recomendado que la UNASAM inicie acciones para determinar las responsabilidades administrativas de los 13 funcionarios y servidores públicos involucrados. Asimismo, se ha comunicado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que se emprendan las acciones legales penales correspondientes.