Fiscalía inspecciona penal de Huaraz tras quejas de internos y presuntos casos de tortura
Las autoridades investigan denuncias de maltrato y falta de atención médica adecuada dentro del establecimiento penitenciario, dio a conocer la jefa de la oficina defensorial de Áncash, Soledad Rodríguez.
La Fiscalía ha iniciado una serie de inspecciones en el penal de Huaraz tras recibir diversas quejas de los internos, especialmente a raíz de un incidente grave reportado hace nueve días. Según informes de la Defensoría del Pueblo, una interna presuntamente fue torturada dentro del penal. La Defensoría del Pueblo ha trasladado estas denuncias al Ministerio Público, que ha asumido el caso con su Fiscalía especializada en Derechos Humanos.
La jefa de la oficina defensorial de Áncash, Soledad Rodríguez Loli, informó que, la interna afectada ya ha sido sometida a un reconocimiento médico legal. Sin embargo, debido a la gravedad de las alegaciones, se ha solicitado la aplicación del Protocolo de Estambul, una evaluación integral realizada por un equipo de psiquiatras de la sede central. Este proceso aún está pendiente.
Además, la interna presenta fracturas en el tobillo y pie, lo que ha generado cuestionamientos sobre la atención médica recibida. La Defensoría del Pueblo ha pedido explicaciones al Hospital Víctor Ramos Guardia sobre por qué no se procedió al enyesamiento adecuado en el hospital antes de devolverla al penal, que no tiene las condiciones para tratamientos de esta índole.
El Ministerio Público está investigando todos los hechos narrados por la interna, quien también ha reportado dolores de cabeza por presuntos golpes. Gracias a la intervención del doctor William Rojas de Es Salud, se logró realizar una tomografía rápidamente, cuyos resultados fueron entregados al Ministerio Público para una evaluación urgente.
Solicitudes de la Defensoría del Pueblo
Por su parte, la dirección del penal de Huaraz ha recibido tres solicitudes específicas de la Defensoría del Pueblo: garantizar la integridad y bienestar de la interna, mantener alejadas a las personas implicadas en los presuntos abusos y asegurar un seguimiento permanente de su salud. Estas medidas buscan proteger los derechos humanos de los internos, los cuales, según la Defensoría, deben ser respetados sin excepción, a pesar de la pérdida de su libertad.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, asegurando que las sanciones administrativas y legales se apliquen de manera efectiva y eficiente.
