La periodista Jennifer Montes, del canal Best Cable Casma en la región Áncash, ha denunciado haber recibido amenazas telefónicas desde tres diferentes penales tras difundir información sobre presuntas irregularidades en la conversión de pena de un deudor alimentario. Montes publicó un documento fiscal que señalaba estas irregularidades, lo que desencadenó una serie de amenazas.
Montes, en declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), indicó que las amenazas comenzaron después de la publicación realizada el sábado 25 de mayo en las redes sociales del canal. En esta publicación, se detallaba cómo un deudor alimentario, Harold Portella Llanos, había evitado el internamiento en un penal a cambio de cumplir 205 jornadas de servicio comunitario en el Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma.
El informe, basado en el expediente fiscal, señalaba que «el equipo de Best Cable pudo tener acceso a la documentación donde el nosocomio casmeño indica que los Jefes de Servicios Generales del periodo 2017 al 2023, dan conocimiento que el señor Harold Portella Llanos no asistió a las jornadas comunitarias asignadas, pese a contar con la documentación emitida por el INPE. Dicho documento refiere que no se cuenta con registro de ingreso y salida del denunciado». La información, que sugiere la falsedad de los documentos presentados por Portella, fue proporcionada por fuentes reservadas.
Llamadas telefónicas desde penales
Tras esta publicación, el domingo 26 de mayo, Montes recibió múltiples llamadas de números desconocidos. En una de las llamadas, que fue precedida por el aviso telefónico «Va a recibir una llamada del centro penitenciario Huacho», una voz desconocida le expresó de manera amenazante «deja de publicar eso».
Luego de esta primera amenaza, Montes instaló un identificador de llamadas en su teléfono celular, observando que las llamadas insistentes provenían de los penales de Ica, Huacho y Huaral. Los intentos de comunicación desde números desconocidos con avisos de procedencia de centros penitenciarios han continuado.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha expresado su solidaridad y apoyo con Jennifer Montes y ha hecho un llamado a las autoridades competentes para brindar la protección necesaria a la periodista.