Huaraz: intento de desalojo en el malecón sur frustrado por decisión policial

El intento de desalojo de las familias ubicadas en la intersección del puente Simón Bolívar y Huascarán, en el malecón Sur de Huaraz, quedó frustrado el último fin de semana. El Procurador de la municipalidad, abogado José Bravo Valdez, expresó su descontento y explicó los motivos de la suspensión del operativo.

Según el Procurador, la intervención estaba planeada y coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP), contando con un fuerte cordón policial que garantizaba la seguridad del procedimiento. Sin embargo, por órdenes de la comisaría de Huaraz, la policía se retiró del lugar, lo que impidió la ejecución del desalojo.

“Todo estaba marchando bien durante la intervención. Teníamos un fuerte cordón policial, pero por órdenes de la comisaría de Huaraz, la policía tuvo que retirarse”, afirmó Bravo Valdez.

El Procurador detalló que el proceso de desalojo se había venido trabajando desde el año 2023, con múltiples reuniones, actas, notificaciones y coordinaciones tanto a nivel local como regional, incluso con el Ministerio de Vivienda. “Todo el tema administrativo estaba bien sustentado, tenemos resoluciones y toda la documentación correspondiente”, subrayó.

La orden de desalojo estaba amparada en la Ley 3023 de recuperación extrajudicial para bienes públicos, conocida como defensa posesoria. “Solicitamos la intervención de la Policía Nacional, y en base a una opinión legal favorable, se aprobó la ejecución del operativo. Todo estaba listo, había un plan de operaciones y una apreciación de inteligencia”, añadió Bravo Valdez.

Sin embargo, el día del operativo, el jefe de operaciones de la comisaría de Huaraz decidió suspender la diligencia por “falta de garantías”. Según el Procurador, esta decisión no fue compartida por las autoridades presentes. “Entendemos que la falta de garantías se refiere a situaciones donde la seguridad del sector se ve rebasada por actos vandálicos, pero en este caso, la oposición era de un grupo de 20 a 30 personas, mientras que la municipalidad contaba con más de 110 efectivos”, aclaró.

El Procurador manifestó su inconformidad con la decisión, indicando que la batalla no está perdida. “Hemos perdido la batalla, pero no la guerra. Continuaremos impulsando este trabajo porque estamos hablando de un bien público de uso y dominio público. Es nuestra obligación cautelar la integridad de los ocupantes y del bien público del Estado”, concluyó.