El procurador de la Municipalidad de Huaraz, el doctor José Bravo, informó que la comuna ha tomado conocimiento de que algunos vecinos del Malecón Sur del río Quillcay, quienes frustraron un desalojo el pasado viernes, están intentando judicializar estos terrenos. Bravo indicó que la municipalidad ya está tomando las acciones legales necesarias para evitar que el Poder Judicial admita esta demanda.
«Es fundamental entender que debe primar el principio de autoridad. Estamos hablando de fajas marginales que son bienes públicos bajo la administración de la Municipalidad y propiedad del Estado. Estamos obligados a proteger la integridad de estos terrenos ocupados ilegítimamente, y por ello estamos realizando los trámites correspondientes con la Policía Nacional del Perú para reprogramar el desalojo», declaró Bravo.
El procurador advirtió que, de admitirse la demanda a pesar de la documentación presentada por la procuraduría, se podrían registrar graves daños tanto a la municipalidad como al Estado. «De judicializarse este proceso, estimamos que podría prolongarse por cinco, seis u ocho años, debido a la lentitud del sistema judicial. Esto parece ser una estrategia de los vecinos para evadir el desalojo, lo cual generaría un grave agravio a la entidad y al Estado, considerando que se trata de bienes públicos».
El intento de desalojo del sábado pasado no tuvo éxito debido a la resistencia de los vecinos. Bravo aclaró que no todos los vecinos del Malecón Sur están involucrados en la judicialización del problema, sino que se trata de unas 30 personas. «Tenemos otro grupo de más de 100 personas vinculadas a esta área de la faja marginal. Algunos de ellos han solicitado la reubicación, pero tras un filtro del Ministerio de Vivienda, solo cuatro han calificado debido a su vulnerabilidad económica. El resto son empresarios que utilizan el terreno como cochera o talleres y poseen otras propiedades», explicó Bravo.
