Sunass advierte bajo nivel de ejecución de inversiones en EPS
El último reporte de la Sunass revela que las empresas de saneamiento solo han ejecutado, en promedio, el 25 % de los fondos tarifarios destinados a inversiones. La baja ejecución pone en riesgo la mejora y expansión de los servicios.
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ha publicado su cuarto ‘Reporte de Seguimiento de Inversiones’, revelando preocupantes cifras sobre la baja ejecución de los fondos provenientes de las tarifas por parte de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS). A diciembre de 2023, estas empresas solo habían ejecutado, en promedio, el 25 % de los fondos asignados.
En el caso de Sedapal, que opera en Lima, presentó una ejecución acumulada del 39.3 %, lo que significa un 11.6 % menos de lo programado en su estudio tarifario para el periodo 2022-2026. Por su parte, Sedapar de Arequipa, dentro del grupo de empresas ‘Grandes 1’, reportó un 20 % de ejecución, quedando 26 % por debajo de lo programado para el periodo 2021-2026.
Entre las demás EPS, los niveles de ejecución fueron igualmente bajos. La EPS Grau, en Piura, informó una ejecución acumulada del 9.1 %, con un retraso equivalente al 9.1 % de lo programado en su plan de inversiones 2022-2026. Sedalib, de Trujillo, reportó un 4.5 % de ejecución acumulada, lo que representa un 43.6 % menos de lo planificado. Epsel, en Lambayeque, solo ejecutó un 0.3 % del 100 % fijado en su estudio tarifario 2018-2023, mientras que la EPS Tacna alcanzó un 53 % de su plan de inversiones 2019-2023. Sedacusco, por su parte, mostró una ejecución del 39.5 %, quedando 37.6 % por debajo de lo programado para su periodo 2020-2024.
Las empresas del grupo ‘Grandes 2’ también mostraron deficiencias significativas en la ejecución de inversiones. Emapa San Martín reportó un avance acumulado del 17.6 %, lo que representa un 64.5 % menos de lo programado en su quinquenio regulatorio vigente 2019-2024. Sedacaj, en Cajamarca, tuvo un avance del 27.8 %, 42.7 % menos de lo planificado. Emapa Cañete informó un 34 % de ejecución, quedando 48.7 % por debajo de lo programado. Semapach, por su parte, alcanzó un 35.8 % del 100 % aprobado en su estudio tarifario 2019-2023.
En el grupo de empresas ‘Medianas’, los resultados no fueron mejores. La EPS Barranca reportó un avance acumulado del 25.8 %, lo que significa un 59.5 % menos de lo programado en su estudio tarifario 2019-2024. La EPS Moyobamba alcanzó un 21.8 % de ejecución, 21.7 % menos de lo programado para su quinquenio regulatorio 2021-2026. Emapa Huaral informó un avance del 1.5 %, quedando 72.6 % por debajo de lo planificado. Emusap Abancay registró un avance del 32.2 %, lo que representa un 49 % menos de lo programado para su periodo 2020-2024.
Finalmente, en el grupo de empresas ‘Pequeñas’, la situación también fue desalentadora. La EPS Sierra Central, en Junín, informó una ejecución acumulada del 55 %, del 100 % aprobado en su quinquenio regulatorio 2018-2023. Emsapa Calca, en Cusco, no registró avance alguno en su plan 2018-2023. Emapavigs, en Ica, informó un 5.6 % de ejecución acumulada del plan de inversiones 2019-2023. Emapa Huancavelica alcanzó un 33.8 %, quedando 65.1 % por debajo de lo programado en su quinquenio regulatorio 2019-2024.
El reporte de Sunass, que evaluó a 40 empresas prestadoras, proporciona una visión consolidada de las inversiones planificadas en los estudios tarifarios de estas entidades. Es importante destacar que las inversiones programadas son fundamentales para mejorar la continuidad del agua potable, la instalación de medidores y la construcción de infraestructuras necesarias para ampliar el servicio a nuevos usuarios.
La baja ejecución de inversiones limita seriamente la capacidad de las EPS para mejorar y expandir sus servicios de saneamiento. Este incumplimiento no solo retrasa el desarrollo de infraestructuras esenciales sino que también afecta directamente a los usuarios, que continúan enfrentando problemas de abastecimiento y calidad del agua.
Este informe subraya la necesidad de una mayor responsabilidad y eficiencia por parte de las empresas prestadoras para asegurar que los fondos tarifarios sean utilizados de manera efectiva, cumpliendo con los objetivos de mejora establecidos en los estudios tarifarios.
