El presidente del Ministerio Público, Marco De la Cruz Espejo, expresó su descontento respecto a la reciente decisión del juez Cliver Vargas, quien derivó el caso de pedido de prisión preventiva de siete funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) al Juzgado Especializado Nacional con sede en Lima. Según el presidente, esta decisión ha frustrado los esfuerzos del Ministerio Público en Huaraz, que esperaba sustentar el caso con los fiscales locales que iniciaron la investigación.
«Prácticamente, el Poder Judicial ha frustrado nuestro trabajo. Este caso específico, que ocurrió hace poco tiempo, fue manejado de manera eficiente por nuestros fiscales, quienes recopilaron una serie de elementos cruciales para llevar a cabo la audiencia correspondiente», declaró el presidente del Ministerio Público. «Nos hemos sorprendido al enterarnos de que la decisión fue elevada a una corte especializada en Lima.»
El Ministerio Público ha presentado una apelación con la esperanza de que el caso regrese a Huaraz, donde los fiscales conocen a fondo los detalles del hecho. «Lo ideal era que este caso se manejara aquí en Huaraz. La excusa del Poder Judicial, en este caso del juez Cliver Vargas, fue que no tenían los recursos necesarios para tomar una decisión frente a este tema, considerándolo bastante complejo», explicó De la Cruz Espejo.
Sin embargo, el presidente del Ministerio Público expresó su confianza en las capacidades del juez Vargas. «No creo que el doctor Vargas haya dicho eso. Lo conozco y sé que tiene la suficiente información académica para llevar a cabo esta investigación. Probablemente haya otros motivos procesales detrás de esta decisión.»
El presidente subrayó la importancia de que el caso se lleve a cabo en Huaraz, considerando que se trata de una investigación a funcionarios locales y que la fiscalía especializada en el tema está ubicada en la ciudad. «Este delito es grave, pero no ha causado alarma internacional. Muy bien podemos llevarlo a cabo aquí», concluyó De la Cruz Espejo.