Reglamento de DL 1620 podría generar incremento de tarifas de agua sin cumplimiento de metas, alerta Sunass

En conferencia de prensa, Marta Guillén Mendoza, jefa de Oficina Desconcentrada de la Superintendencia de Servicios de Saneamiento – Sunass en Huaraz, alertó sobre los posibles efectos adversos del proyecto de reglamento del Decreto Legislativo N° 1620 (que modifica al DL 1280), impulsado por el Ministerio de Vivienda. Según Guillén, estos cambios eliminarían las evaluaciones necesarias para el incremento de tarifas de agua potable en las Empresas Prestadoras de Servicios de agua potable y desagüe (EPS).

Guillén detalló que la Sunass ha presentado observaciones al citado DL, insistiendo en que cualquier aumento en la tarifa del agua debe estar condicionado al cumplimiento de metas por parte de las EPS y no necesariamente a otros elementos que estaría considerando el Ministerio de Vivienda para determinar las tarifas, entre ellos la recaudación de fondos para inversiones públicas así como el incremento de los márgenes de utilidad de las empresas prestadoras.

«La propuesta del DL 1620 es que dentro de estas tarifas se recauden (los fondos) para destinar a la inversión pública, cuando antes este era un papel del Estado. Adicionalmente se ha considerado un incremento del margen de ganancias para las EPS, que en el caso de Huaraz por ejemplo, subirían del 5.5% al 8%. Esos dos aspectos darán lugar a un incremento de la tarifa. Consideramos que no es el deber el usuario asumir estos costos, es el deber del Estado asumir el cierre de brechas de los servicios de saneamiento, lamentablemente de no incorporar las sugerencias de la Sunass, que hemos hecho llegar formalmente, el ciudadano se verá afectado», detalló.

En Huaraz

Guillén agregó que, de implementarse el reglamento del DL 1620, Huaraz podría enfrentar un incremento del 85 por ciento en la tarifa del agua, mientras que en Caraz el aumento podría ser del 144 por ciento.

La jefa de la Sunass en Huaraz precisó que, aunque este decreto aún no está en vigencia, su aprobación afectaría a los usuarios de agua potable en todo el país, incrementando el costo de sus servicios sin garantizar mejoras en la calidad del servicio.

Esta situación, finalizó la funcionaria, representa una preocupación significativa para el organismo regulador, que busca abogar por una regulación justa y transparente en beneficio de la población.