La consejera regional de Huaraz ha lanzado una seria denuncia respecto al incremento del número de trabajadores en el Consejo Regional, pasando de 7 a 13 empleados sin la realización de concursos públicos. La funcionaria subrayó la necesidad de implementar una política de meritocracia en estas contrataciones para garantizar la eficiencia y transparencia en el organismo.
En una entrevista, la consejera reveló que previamente había conversado con el gerente general del Gobierno Regional, quien informó sobre la reducción de personal por locación de servicios en la sede central. Esta medida se justificó debido a problemas en el pago de locadores el año pasado. Sin embargo, la situación en el Consejo Regional parece contradecir este enfoque de austeridad.
La consejera explicó que actualmente hay alrededor de siete locadores en el Consejo Regional, además de personal nombrado, contratados CAS y especialistas, sumando aproximadamente 13 personas en total. «No hay suficiente espacio para todos ellos, y su labor principal se limita a la realización de oficios y actas, con sueldos que rondan los 4000 soles», declaró.
La funcionaria criticó que este aumento de personal no mejora significativamente la eficiencia del Consejo y mencionó casos específicos de ineficacia, como el de un abogado que se trasladó del área de transportes sin realizar la entrega de cargo correspondiente. «Este tipo de situaciones reflejan una falta de control y de criterio en las contrataciones», añadió.
En cuanto a la procedencia de estos nuevos empleos, la consejera indicó que los requerimientos se hacen según las necesidades del Consejo, y es probable que el consejero delegado haya solicitado estas incorporaciones. No obstante, enfatizó la necesidad de que estas contrataciones se realicen bajo principios de meritocracia, asegurando que las personas seleccionadas tengan un buen currículo y puedan facilitar el trabajo de fiscalización.
«Solicito que se evalúen nuevamente los CV de todos los locadores, ya que algunos merecen estar aquí por su buen desempeño, pero hay otros que claramente no cumplen con los requisitos necesarios», puntualizó la consejera.
La consejera también abordó el tema de la asignación presupuestal para la fiscalización, mencionando que la Contraloría solicita subir todas las actividades del Consejo a un aplicativo específico, y que el presupuesto asignado del 1% no se está cumpliendo adecuadamente. «Actualmente, se nos está entregando solo la mitad de este presupuesto, lo que afecta nuestra capacidad de realizar nuestras funciones correctamente», dijo.
Finalmente, la consejera se defendió de las críticas sobre el uso de viáticos y la asignación presupuestal, aclarando que estos recursos son distribuidos entre todas las personas que participan en las comisiones de trabajo, y no son utilizados exclusivamente para su beneficio personal. «Es importante que la población tenga información veraz sobre nuestras actividades y uso de recursos», concluyó.
Esta denuncia abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la gestión y transparencia en el Gobierno Regional de Áncash, subrayando la necesidad de reformas estructurales que garanticen una administración pública más eficiente y justa.