Municipalidad de Huaraz inicia sensibilización y reconocimiento en zona prevista para desalojo

Hoy, la Municipalidad Provincial de Huaraz ha iniciado una diligencia de sensibilización y reconocimiento casa por casa en la zona comprendida entre el puente Huascarán y el puente Bolívar. Este operativo es parte de las acciones previas al desalojo previsto, según informó Elder Aranda, gerente de servicios públicos de la municipalidad. El objetivo principal es dialogar con los ocupantes de los predios y evaluar sus condiciones de vida, brindando apoyo a quienes lo necesiten en un plazo de 10 días.

Aranda destacó que esta acción se lleva a cabo en coordinación con la Policía Nacional, con el propósito de sensibilizar a los habitantes sobre los peligros de vivir en la franja marginal. «No hemos venido a atropellar sus derechos ni a realizar un desalojo inmediato, sino a agotar la vía del diálogo para que voluntariamente desocupen estos predios,» explicó.

Durante la diligencia, se está realizando una evaluación para determinar las condiciones de las viviendas, ya sean precarias o de material noble. Esta información será utilizada por la oficina de Defensa Civil para coordinar con el Ministerio de Vivienda y considerar la posibilidad de ofrecer bonos y facilidades a las familias afectadas.

Aranda concluyó enfatizando la importancia de esta acción para la seguridad de los habitantes: «Somos conscientes del peligro en el que nos encontramos y esperamos que la población entienda los riesgos a los que están expuestos.»

Por su parte, el procurador de la Municipalidad Provincial de Huaraz, José Bravo Valdez, explicó que esta inspección in situ tiene como finalidad verificar el estado real de cada espacio ocupado. «Estamos constatando las condiciones de vivencia y actividad comercial de cada espacio. Hemos encontrado áreas utilizadas como talleres mecánicos sin protección adecuada, lo que representa un riesgo para los habitantes y el medio ambiente», señaló Bravo Valdez.

Hasta el momento, la supervisión ha identificado seis espacios mayormente dedicados a actividades comerciales. Las autoridades han dejado constancia de los hechos mediante actas firmadas en presencia de la policía y representantes municipales. Se espera que los residentes afectados se retiren voluntariamente en un plazo de 10 días.

Participan en este operativo el procurador público, el ingeniero de infraestructura de desarrollo urbano, la responsable de Defensa Civil, y los subgerentes de seguridad ciudadana y de comercialización. La intervención ha contado con la explicación y notificación presencial a los vecinos, asegurando que no se trata de un desalojo inmediato, sino de una sensibilización con un plazo de 10 días para que los ocupantes puedan desocupar voluntariamente.