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Exigen sanciones más severas para bares y discotecas que permiten ingreso de menores
Fiscal de Familia – Ronald López Julca insta a municipalidades a endurecer medidas contra establecimientos infractores y pide mayor control en la violencia escolar.
El Fiscal de Familia – Ronald López Julca, hizo un enérgico llamado a las municipalidades para que refuercen las sanciones contra bares y discotecas que permiten el ingreso de menores de edad, una práctica que sigue siendo común a pesar de las múltiples advertencias y exhortos por parte de las autoridades.
López Julca expresó su preocupación por la persistencia de este problema, señalando que muchos de estos establecimientos continúan infringiendo la ley, lo que pone en riesgo la integridad y seguridad de los menores.
«Es necesario que las municipalidades eleven las sanciones y refuercen la supervisión para que estos locales no sigan poniendo en peligro a los menores», afirmó el fiscal.
El Fiscal de Familia destacó que, en varios casos, las sanciones aplicadas han sido insuficientes para disuadir a los propietarios de estos negocios, quienes parecen priorizar sus ganancias sobre el bienestar de los menores.
«No se trata solo de imponer multas, sino de establecer sanciones que realmente tengan un efecto disuasorio. Los establecimientos que incumplen la ley deben enfrentar consecuencias más severas», agregó.
Además de su exhorto a las municipalidades, López Julca también dirigió un mensaje a los directores de las instituciones educativas y a la Dirección Regional de Educación de Áncash (DREA), instándolos a mantener un monitoreo constante del manejo del sistema de anotación de violencia escolar.
«Es fundamental que las escuelas cumplan con su responsabilidad de registrar y gestionar adecuadamente los casos de violencia escolar. La prevención y el seguimiento de estos incidentes son esenciales para garantizar un ambiente seguro y saludable para los estudiantes», subrayó.
El Fiscal de Familia insistió en la necesidad de una colaboración más estrecha entre las autoridades educativas y los organismos de control para asegurar que los menores estén protegidos tanto dentro como fuera de las instituciones escolares.
