La Contraloría General ha revelado serias irregularidades e ilícitos penales en la transferencia de medicamentos, insumos y dispositivos médicos por parte de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash, ocurridas el año pasado. Un reciente informe detalla que estas acciones no solo fueron técnicamente injustificadas, sino que también generaron un perjuicio económico para el Estado de 63 mil 634 soles.
Uno de los casos más preocupantes involucra a la Casa Refugio de la Mujer, entidad administrada por la Municipalidad Provincial del Santa. Según el informe, la Diresa autorizó la entrega de medicamentos y otros productos por un valor de 20 mil soles, a pesar de que la solicitud no contaba con el respaldo técnico necesario para acreditar la necesidad de dichos insumos. Además, la Diresa no presentó documentación que acreditara un sobrestock que justificara la transferencia.
Lo más alarmante es que, según los registros, la gestión de esta transferencia fue realizada por una persona identificada como Fresia Liendo Holguín, quien no tiene ningún vínculo con la Casa Refugio de la Mujer. Tanto la institución como la misma Liendo Holguín han negado haber solicitado o recibido los medicamentos, lo que pone en evidencia un posible caso de falsificación o uso indebido de documentos.
El segundo caso señalado en el informe de la Contraloría involucra a la Asociación Programa Profamilia, una entidad privada que recibió productos farmacéuticos e insumos médicos por un valor de 43 mil soles. La Contraloría observó que la Asociación no presentó la documentación técnica que sustentara la necesidad de los productos, lo que contraviene los procedimientos establecidos. Además, al ser una entidad privada, no correspondía una transferencia directa, sino una donación, procedimiento que tampoco fue respetado.
El informe de control señala como responsables de estos hechos al actual director regional de Salud, Erick de la Torre Bejarano, y a otros cuatro servidores públicos: José Chavarría Arrascue, Creissi Sánchez Núñez, Juan Languasco Alcedo y Edgar Lizárraga Ávalos. La Contraloría ha recomendado que se les inicie un procedimiento administrativo sancionador y que sean denunciados penalmente ante el Ministerio Público por su participación en estos hechos.