Carlos Gamarra Chávez, ex prefecto regional de Áncash, ha lanzado una seria advertencia sobre el estado crítico en el que vive la población debido a la especulación de precios en productos básicos, como el ajo, que ha alcanzado costos exorbitantes. Según Gamarra, esta situación está alimentando un creciente descontento social que podría llevar a la población a salir a las calles para exigir a las autoridades resultados concretos en favor de la economía y el bienestar de la gente.
«El pueblo ya no tiene recursos económicos para consumir lo que hace tres años atrás. Con un sol compraba cinco panes, ahora solo puede comprar dos», señaló Gamarra, refiriéndose a lo que calificó como una «inflación ficticia», impulsada por industriales y productores de alimentos que han incrementado los costos sin justificación aparente. Según él, esta especulación es la verdadera causa del aumento en los precios y está asfixiando a la población.
Gamarra también criticó la falta de intervención estatal en la regulación de los precios de alimentos y combustibles, atribuyendo esta situación a las políticas de libre mercado instauradas durante el gobierno de Alberto Fujimori. «Hoy día, con la excusa del libre mercado, hacen lo que les da la gana, y están matando al pueblo de hambre», enfatizó, subrayando que productos como el ajo han alcanzado precios insostenibles para la mayoría de la población, llegando a costar 42 soles por kilo.
El ex prefecto no solo cuestionó la especulación, sino también la inacción de las autoridades y la falta de aplicación de leyes que sancionen estas prácticas. «La especulación está penada, pero ¿dónde está la ley? En el Perú, parece que la ley se maneja solo para beneficiar a unos pocos», expresó Gamarra, refiriéndose también a las recientes decisiones del Congreso que, según él, están desconectadas de las verdaderas necesidades del pueblo.
Finalmente, Gamarra advirtió que la situación podría escalar rápidamente si no se toman medidas inmediatas. «El pueblo está cansado y podría reventar en cualquier momento», afirmó, dejando entrever que, de no haber un cambio en la política económica y en la regulación de precios, el país podría enfrentar un estallido social de grandes proporciones.