La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) está en el centro de una nueva controversia tras un informe emitido por la Contraloría General de la República, que detectó presuntas irregularidades en la compra de un espectrofotómetro para el Centro de Investigación y Experimentación de Laboratorio de Calidad Ambiental. El documento revela que los plazos de entrega propuestos por el comité de selección no son razonables y podrían afectar la competencia entre los proveedores, generando un alto riesgo de incumplimiento contractual.
Funcionarios cuestionados y conflictos de interés
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la participación de funcionarios con antecedentes controversiales. Entre ellos se encuentran Joel Lino y Keoma Huané, quienes fueron hombres de confianza de Henry Borja, exgobernador regional de Áncash. Ambos miembros del comité de selección ya habían sido cuestionados por su participación en gestiones irregulares cuando trabajaban en el Gobierno Regional.
Según el informe, estos funcionarios no presentaron sus declaraciones juradas de intereses, un requisito clave para garantizar la transparencia en procesos de contratación pública. Esta omisión ha generado suspicacias sobre la imparcialidad de las decisiones tomadas dentro del proceso de adquisición del equipo, lo que ha incrementado la desconfianza tanto dentro como fuera de la institución.
Contraloría exige medidas correctivas
La Contraloría ha otorgado un plazo de cinco días para que la UNASAM implemente medidas preventivas y correctivas que garanticen la legalidad y transparencia en el proceso de adquisición. Sin embargo, hasta la fecha, los involucrados no han tomado acciones claras, lo que ha suscitado duras críticas hacia la gestión actual de la universidad, encabezada por el rector Carlos Reyes.
La recurrente presencia de los mismos funcionarios en procesos cuestionados ha generado preocupación en la comunidad universitaria y en la ciudadanía, que exige mayor rigurosidad en los controles para evitar nuevos casos de corrupción y garantizar una correcta gestión de los recursos públicos.