Áncash: Instalan mesa multisectorial por contaminación del río Santa

La vicegobernadora regional de Áncash, Angelly Epifanía Chávez, encabezó este 16 de octubre una mesa de trabajo interinstitucional para coordinar medidas ante la contaminación del río Santa con metales pesados generada por la actividad minera. La reunión tuvo lugar en la Subregión Pacífico, sede ejecutora del Gobierno Regional de Áncash (GRA), y oficializó este espacio de trabajo con la próxima sesión programada para el 25 de octubre.

Durante el encuentro, se acordó involucrar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y otros ministerios, como Salud y Vivienda, para abordar los aspectos nacionales relacionados con la emergencia ambiental. Además, se anunció la instalación de una oficina de enlace de la Dirección Regional de Energía y Minas en la Subregión Pacífico y la adquisición de unidades móviles para mejorar la fiscalización en la cuenca afectada.

Falta de liderazgo del gobernador y crisis sanitaria

Aunque la instalación de la mesa responde al compromiso del gobernador Koki Noriega Brito con la Junta de Usuarios de Irchim, su ausencia en reuniones clave ha generado críticas, especialmente desde que un derrame de agua de mina en Pampas, en agosto, reveló la contaminación del río. Ante su inacción, la vicegobernadora ha asumido el liderazgo en las gestiones.

Los análisis de laboratorio confirmaron que las aguas de los ríos Santa y Tablachaca contienen niveles elevados de arsénico, hierro y manganeso, superando los límites permitidos para el consumo humano. La situación afecta principalmente a las comunidades rurales, que dependen del agua cruda para consumo diario y riego de cultivos.

En Chimbote, el Consejo Provincial de Salud solicitó en agosto la declaratoria de emergencia ambiental, con el objetivo de proteger la salud de la población expuesta al agua contaminada. Como parte del plan de acción aprobado, se realizará un tamizaje a 1000 pobladores de las zonas más vulnerables. Sin embargo, la solicitud elevada al Ministerio del Ambiente aún no ha recibido respuesta del Poder Ejecutivo.

Los representantes del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Autoridad Nacional del Agua presentes en la reunión destacaron la necesidad de mantener la coordinación interinstitucional para mitigar los efectos ambientales y proteger a las poblaciones afectadas.