La Comisión de Fiscalización del Consejo Regional de Áncash presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción, alegando presuntas irregularidades en los mantenimientos de centros de salud gestionados por las Redes de Salud Huaylas Norte y Huaylas Sur. La denuncia responde a serios cuestionamientos sobre la elaboración y evaluación de los proyectos, así como inconsistencias en el presupuesto y la participación de personal no habilitado.
Según la denuncia, algunos términos de referencia (TDR) habrían sido elaborados por profesionales que no cuentan con la habilitación correspondiente en el registro de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Además, se detectó que dos partidas de mantenimiento presentaron valores significativamente distintos, pese a que ambas incluían conceptos idénticos: un centro con un presupuesto de 285 mil soles y otro por 159 mil soles, lo que genera una diferencia de 130 mil soles.
Irregularidades adicionales en Huaylas Sur
La comisión también identificó que en la Red Huaylas Sur, una empresa habría ganado la licitación en distritos como Huayllacayán y Pampas presentando documentación falsa. Al solicitar antecedentes a las autoridades de Coris, se comprobó que dicha empresa no tenía registro ni experiencia previa en el área, lo que representa un riesgo para la ejecución del mantenimiento.
“Es preocupante que personas sin experiencia estén obteniendo contratos tan importantes para la salud pública, lo que podría generar paralizaciones o problemas durante la ejecución de los proyectos”, señaló un integrante de la comisión.
Falta de respuesta del Gobierno Regional
La Comisión de Fiscalización también denunció una aparente falta de acción y respuesta oportuna por parte del Gobierno Regional de Áncash. A pesar de haber solicitado cambios en los funcionarios responsables de varios sectores y enviado documentación que evidencia las irregularidades detectadas, el Ejecutivo regional aún no ha tomado medidas.
“Se percibe un blindaje hacia los responsables, ya que las solicitudes de información se responden fuera de los plazos establecidos. Aunque hemos trasladado estos casos a los procedimientos administrativos disciplinarios (PAD), seguimos sin ver un accionar efectivo por parte del Ejecutivo”, lamentó un consejero.
Posibles delitos y próximas acciones
La denuncia presentada busca determinar si los hechos constituyen delitos como omisión de deberes funcionales o falsedad documental, además de identificar a los responsables en cada etapa de los proyectos. La comisión adelantó que coordinará con la Fiscalía Anticorrupción para definir las acciones legales a seguir.
Este es el primer caso en el que la Comisión de Fiscalización presenta una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción, pero advirtió que continuarán investigando irregularidades en otras áreas del Gobierno Regional. “Esperamos que esta denuncia sirva para frenar estas malas prácticas y que las autoridades respondan con responsabilidad, evitando que estas irregularidades sigan afectando la gestión pública en la región”, concluyó el consejero.