Los habitantes del caserío Pumarranra, ubicado en el distrito de Mancos, provincia de Yungay, han expresado su descontento y preocupación ante la presunta mala ejecución de la obra de «Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Desagüe». Esta obra, que representa una inversión de S/ 6,732,053.23, financiada mediante el Programa Regional Hatun Áncash II del Gobierno Regional de Áncash.
Indignación de la comunidad
En una reunión organizada por los pobladores, el presidente de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de Pumarranra, Wilson Barcazar, manifestó su indignación hacia la empresa contratista, el Consorcio Mancos.
Barcazar subrayó: «La obra no es al 100% como dice el expediente técnico. Esperamos que la empresa y el alcalde se hagan responsables. Es una obra que hemos esperado durante años y tiene un costo exorbitante; al final, los perjudicados seremos nosotros”.
Actuación del consejero regional
El consejero regional por Yungay, Hugo Mallqui Montañez, escuchó las quejas comunitarias y prometió investigar la situación. En compañía del coordinador del programa Hatun Áncash, Ing. Esteban Vino Puntillo, realizó una visita in situ a la obra. Durante su inspección, encontraron graves deficiencias, como cajas de agua sin tapas, desmontes y buzones con desniveles que podrían perjudicar la transitabilidad de la zona. Algunos vecinos también reportaron que el inadecuado nivel de la carretera ha provocado que las lluvias ingresen a sus viviendas.
Responsabilidades de la municipalidad
A pesar de que el financiamiento proviene del Gobierno Regional de Áncash, la ejecución y cumplimiento del expediente técnico recaen sobre la Municipalidad Distrital de Mancos. En este contexto, Mallqui ha iniciado la elaboración de un informe sobre el caso y planea programar más visitas técnicas para verificar las condiciones de la obra.
Obstáculos administrativos y amenazas a pobladores
Los conflictos se han intensificado cuando los comuneros informaron que la municipalidad les cobró presuntamente 953 soles por una copia simple del expediente técnico. Además, denunciaron que la empresa adjudicataria ha presuntamente amenazado a siete pobladores con acciones legales por presuntos delitos de coacción, simplemente por exigir el cumplimiento de la correcta ejecución de la obra.
Próximas acciones del consejo regional
Mallqui advirtió que, de confirmarse las irregularidades, el caso será llevado a la sesión del Pleno del Consejo Regional, donde se adoptarán las acciones necesarias para garantizar que los derechos de los ciudadanos de Pumarranra sean protegidos y la obra se realice conforme a lo prometido. La situación exige una respuesta urgente para asegurar el bienestar de la comunidad afectada y la correcta utilización de los recursos públicos.