Áncash: identifican 151 proyectos de inversión estancados

Darío Valverde Cueva, el nuevo gerente regional de control en Áncash, tiene la intención de reactivar obras públicas que se encuentran en estado de abandono. Desde su incorporación al cargo, ha identificado un total de 151 proyectos de inversión que se han estancado en la costa y sierra de la región. Esta acción responde a la urgencia manifestada por el contralor general de culminar estas iniciativas en beneficio de la ciudadanía.

Monitoreo y agilización de proyectos

En sus primeras declaraciones, Valverde Cueva afirmó: “Comenzaremos con el monitoreo de estos proyectos para agilizar su reactivación”. Esto implica un seguimiento exhaustivo para determinar las causas que han llevado a la paralización de estas obras, así como la implementación de soluciones efectivas.

Análisis de causas de paralización

Con una trayectoria de casi 10 años como auditor en diversas entidades de control en regiones como Áncash, Lima y Callao, Valverde considera crucial entender los factores específicos que han impedido el avance de las obras. A nivel nacional, apunta a que las razones más comunes incluyen la falta de recursos financieros y el incumplimiento de contratos por parte de algunas entidades.

Transparencia y control social

El nuevo gerente regional subrayó la importancia de que las entidades mantengan actualizada su información dentro del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras).

“Esto garantizará la transparencia en el uso de los recursos del Estado, facilitará el acceso a la información pública y permitirá el control social sobre las diversas inversiones ejecutadas en la región”, explicó Valverde.

Diseño de supervisión en Áncash

La designación de Darío Valverde Cueva se oficializó mediante la Resolución de Contraloría N.º 634-2024-CG, el 23 de octubre de 2024. Como parte de sus obligaciones, tendrá la responsabilidad de supervisar y monitorear los servicios de control gubernamental en las 20 provincias y 166 distritos de Áncash. Además, su gestión abarcará la supervisión de las acciones de control llevadas a cabo por los 44 órganos de control institucional (OCI) en las entidades públicas de la región, así como desde la oficina de enlace en Chimbote.