El jefe de la Oficina Desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Áncash, Marco Álvarez Coico, informó que la demanda de renuncias de ciudadanos a partidos políticos ha registrado una considerable disminución en comparación con el mes anterior. Según Álvarez, hasta el pasado 7 de octubre, se atendían diariamente hasta 100 solicitudes de renuncia de afiliados interesados en postularse en las próximas elecciones sin mantener vínculos partidarios.
“El volumen de atenciones ha caído drásticamente en las últimas semanas. Antes, recibíamos en promedio a 100 personas diarias solicitando su renuncia a partidos; sin embargo, este número ha descendido notablemente”, explicó el jefe de la oficina desconcentrada del JNE en Áncash.
Revisión de afiliaciones en proceso con RENIEC
Álvarez Coico también precisó que actualmente todas las afiliaciones de ciudadanos en partidos políticos están en proceso de revisión en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para su posterior registro en el sistema del JNE. Este proceso de revisión es fundamental para garantizar la transparencia y autenticidad en la inscripción de afiliaciones, con miras a los próximos procesos electorales.
“La RENIEC está realizando una exhaustiva revisión de todas las afiliaciones antes de que sean integradas en el sistema del JNE. Este paso asegura que cada inscripción sea legítima y refleja el compromiso de nuestras instituciones por una participación política clara y honesta”, indicó Álvarez.
Proceso de revocatoria convocado para marzo
Además, el jefe de la oficina desconcentrada del JNE en Áncash anunció que en el mes de marzo se convocará el proceso de revocatoria para los distritos y provincias que cumplan con los requisitos establecidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la RENIEC. Este proceso permitirá a la ciudadanía evaluar la gestión de sus autoridades locales y, de considerarlo necesario, optar por su remoción del cargo.
“Para marzo de 2024, está programado el inicio del proceso de revocatoria en aquellos distritos y provincias que cumplen con los requisitos estipulados. Este proceso es un mecanismo importante de rendición de cuentas para las autoridades, y permite a la ciudadanía ejercer su derecho de supervisión y sanción”, concluyó Álvarez Coico.