Un informe discutido en el Consejo Regional de Áncash ha revelado presuntas irregularidades en la administración de los fondos del programa Hatun Áncash III, encabezado por el gobernador regional Koki Noriega Brito. El documento, elaborado por la consejera Yanet Pinto Toledo, representante de la provincia de Huaraz, detalla las observaciones encontradas en la reciente transferencia de 68.7 millones de soles a distintas municipalidades de la región.
El Informe 02-2024-GRA-CR, fechado el 25 de octubre, señala que la aprobación de la lista de municipalidades beneficiadas fue realizada sin cumplir con todos los requisitos establecidos en la Directiva 08-2024-GRA-GGR-/GRI.NP, que regula las transferencias de recursos. Entre las irregularidades se destaca la inclusión de los distritos de San Luis (Carlos Fermín Fitzcarrald), Culebras (Huarmey) y Cashapampa (Sihuas), que habrían sido beneficiados sin contar con el informe previo de la Contraloría, un requisito indispensable para este tipo de proyectos.
Durante la sesión, varios consejeros afirmaron haber aprobado las transferencias de buena fe, basándose en la información proporcionada por el gobierno regional, y lamentaron que no se hubiera realizado una revisión adecuada de los documentos previos. La mayoría de los miembros del consejo votó a favor de remitir el caso al Ministerio Público y a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos del gobierno regional para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes y se tomen las medidas correctivas necesarias.
Además, algunos consejeros recordaron que, en contraste con los proyectos aprobados, un total de 149 propuestas de otros municipios no lograron pasar el filtro debido a la falta de informes de control favorables, lo cual ha generado cuestionamientos sobre un posible favoritismo en la elección de los beneficiarios. Esta situación ha levantado inquietudes entre las autoridades locales, quienes esperan que se esclarezcan las razones detrás de la omisión de este requisito en algunos proyectos.
La investigación determinará si las acciones de la gestión regional han sido adecuadas o si se configuró alguna irregularidad en la selección y transferencia de recursos en el programa Hatun Áncash III.